LA RIDÍCULA ECONOMÍA DEL DESPELOTE Y LA “CH’AMPA GUERRA”

Dejemos de una buena vez atrás el feudalismo, que eso es lo que estamos viviendo a título de “precio justo” (tema de los curas en la era medieval) y socialismo.

Estamos en medio de la “ch’ampa guerra” planteada entre los transportistas, defendiendo sus intereses, y las bienhechoras  autoridades municipales defendiendo los intereses del usuario. Y no es la única “ch’ampa guerra” en puerta o ya desatada, ahí está la de los panificadores y en los mismos términos.

El escenario: por un lado, transportistas haciendo paros y bloqueando el tránsito cuando quieren, atentando contra los derechos de la población, imponiendo sus caprichos tarifarios y su mal servicio. Por el otro, autoridades que se gastan millonadas en campañas de consulta popular para reforzar su posición negociadora. Declaraciones, alegatos, amenazas, convocatorias a diálogo, reuniones…  van y vienen autoridades, juntas de vecinos, dirigentes transportistas, prensa… pero no hay solución. Y la cosa tira pa’ más, más lío y complicación porque de por medio se han metido intereses partidistas, los del MAS que quiere aprovechar de los transportistas para joder a los Sin Miedo y éstos que prefieren que el jodido sea el gobierno.

En suma, uno más de los ridículos escenarios de las luchas sociales y políticas muy propias del país. Un trajín costoso y sin beneficio, salvo los que sabemos, del que el pueblo saldrá una vez más trasquilado y la economía nacional en mayor retraso.

Una constante en la historia del país, desde hace al menos 60 años. Una realidad tonta por donde se mire, derivada de un sistema económico absurdamente organizado. El sistema de los precios regulados por el Gobierno. Esto es la economía subsumida a intereses políticos, contrapuestos. El método de los precios negociados entre los representantes políticos de los compradores y los vendedores. La economía sujeta a las ambiciones del poder y el afán de los líderes por sacar provecho personal o partidario. Es ahí donde estamos. Como efecto de la pasión desmedida que le tienen nuestros líderes e intelectuales al estado, a la política y al gobierno como actores centrales de la sociedad y la economía. Al estado como artífice del anhelado desarrollo. Idea y sentimiento puestos de moda en el país bajo el influjo de los Hitler y Stalin, en la posguerra del Chaco. Una mentalidad populista basada en el menosprecio de la inteligencia de la población, que ha desarrollado fobia por el mercado, al que asocian al demonio capitalista-imperialista-vendepatria…

Menos mal que este sistema de precios negociados entre autoridades (sindicales y gubernamentales) no rige para las camisas, los zapatos, los chuños, papas y las arvejas, el cafecito, la lustrada de zapatos, los alquileres, los cuadernos, peluquerías… y tantas otras buenas cosas que la población requiere. Porque si el método del precio negociado se ampliara a todos estos productos, imagínense,  la magnitud de la bronca, el despelote social y político alcanzaría el cielo, mientras el desmadre de la economía sería total. Claro, es en este caso, propio del socialismo clásico de economía planificada, que el gobierno necesita de echar mano a toda su fuerza represora, como hicieron los Stalin, Mao, Castro… con sus magníficos aparatos policiales revolucionarios y socialistas. De no haber sido esto, no hubiesen durado  en el poder nada.

Pero, ¿qué hacer, qué podemos hacer? Pues poner las cosas en su lugar. Confiar menos en nuestras bienhechoras autoridades y un poco más en la sensatez del pueblo… en cada uno de nosotros negociando con inteligencia cada caso de compraventa de los bienes y servicios que necesitamos. Esto es, dejar que actúe el mercado, regulando el trasporte público. De esto no puede salir otra cosa que un entendimiento entre ofertantes y demandantes, en torno a precios y calidad de servicios cercanos a sus verdaderos valores, tal como ocurre con las camisas y los calcetines y los libros y periódicos, etc. a sola condición de que haya competencia, tanto entre ofertantes como entre demandantes.

Nada extraordinario, en el país lo primero será cumplir con la CPE, actual: “Artículo 314. Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios.”

Lo que obliga a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia a poner fuera de la ley a los sindicatos de transportistas, panificadores y similares. Porque estas organizaciones llamadas “sociales” se han convertido en oligopolios y asociaciones privadas orientadas a controlar la producción y comercialización imponiendo condiciones, restricciones y precios. Los sindicatos de transportistas son dueños de facto de las rutas de servicio (sin tener derecho alguno), nadie puede usar “sus rutas” si antes no ingresa al sindicato pagando en dólares “el derecho”. Los sindicatos diseñan estrategias, toman acuerdos y ordenan tácticas para presionar a las autoridades y los usuarios orillándolos a aceptar el incremento de precios. Y ya lo han conseguido obligando al usuario a pagar por tramos. El gobierno ha jurado hacer respetar la CPE, pues que lo haga, que ponga fuera de la ley a los sindicatos de transportistas, panaderos y demás organizaciones oligopólicas que distorsionan la oferta a título de asociaciones populares. O, ¿será que la Constitución le vale un comino?

Es hora de que el estado boliviano garantice el libre ejercicio de la actividad productiva en servicios como el transporte… Las autoridades no están para perjudicar a la población y sacar provechos a título de negociadores, sino para ayudarla. Necesitamos de transporte libre, que cualquier persona o empresa o sindicato se habilite a llevar pasajeros cuando quiera y en la ruta que quiera con tarifa convenida con el usuario del caso. Para lo que debería ser suficiente con registrarse en oficinas de tránsito, vehículo y conductor o empresa, para hacerse acreedor a un número de control fuera de la placa y un par de cartelitos donde anote sus tarifas y ruta, un trámite que no debería durar más de media hora, y sin costo. Sólo de este modo se podrá poner freno a tanta arbitrariedad, conflicto y disparate.

No esperemos solución de persistir en el actual estilo, el de la negociación política fijando tarifas y definiendo condiciones. Ni del municipio transportista, como está en los planes del Alcalde de La Paz. Aquí el remedio será peor que la enfermedad, sólo recuerden lo que paso con los buses del EMTA (Empresa Municipal de Transporte Automotor), durante el gobierno de la bienintencionada UDP, (1982-1985). Empresas estatales cuyos vehículos fueron saqueados por sus mismos choferes y administradores, para terminar finalmente en el desastre y el basurero en un par de años, víctimas de la mala administración y la corrupción típicas de la administración pública boliviana.

Dejemos de una buena vez atrás el feudalismo, que eso es lo que estamos viviendo a título de “precio justo” (tema propio de los curas en la era medieval) y socialismo. Las organizaciones gremiales, de hecho son feudos en poder de sus elites patronales como “dueños” de rutas, plazas, calles, aceras, esquinas, derechos… En Bolivia hasta para vender hadoques o hamburguesas, o lustrar cachos en la calle o ser canillita hay que pagar derechos al sindicato (a los dueños del sindicato, si es que te aceptan). Esto está ya de buen tamaño, estamos en el siglo XXI, y la verdad es que no somos estúpidos (como parecemos), dejemos de darle tema a los vecinos que se complacen en burlarse de nosotros.