Declaraciones inaceptables
Si algo le faltaba a este devaluado Mercosur para terminar por desnudar su decadencia, véanse las expresiones del Director General de Secretaría del organismo, el brasileño Jeferson Miola, en el diario–revista Carta Maior. Con inusitado desparpajo, el jerarca comentó y adjetivó la resolución de los miembros de la Suprema Corte de Justicia uruguaya determinando la inconstitucionalidad de la ley que intentó anular la caducidad y la del ICIR y también sobre la decisión de darle otro destino a la jueza Mariana Mota. Como bien expresó el Senador Sergio Abreu en una intervención en el Senado, el Sr. Miola «violó todas las obligaciones que surgen de la Convención de Viena y de las normas a las que se ajusta el Mercosur como organismo internacional».
Jeferson Miola es la máxima autoridad del Mercosur (más allá del coordinador político global), elegido en 2010 como Director General por el voto de los países miembros.
Refiriéndose a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país dijo que con su sentencia del 22 de febrero «hizo que el país se sumergiera de vuelta en el pasadizo del oscurantismo, de la impunidad y de la injusticia. Cuatro de los cinco jueces de aquella Corte violentaron la historia y la justicia». Agregó que la declaración de inconstitucionalidad de la ley que abolía la caducidad «no puede ser tomada como un episodio aislado. En el mismo mes de febrero el tribunal declaró inconstitucional el impuesto sobre la concentración de tierras, decisión que beneficia a una minoría privilegiada de 1.200 personas propietarias de casi el 40% de la superficie agrícola del país y que compromete una estrategia de distribución de renta y justicia. Y hace pocos días, en una arbitraria decisión administrativa, la Corte trasladó a la jueza Mariana Mota del Juzgado Penal para el Civil, se sospecha que debido a la actuación técnica independiente de la jueza en la investigación de más de 50 violaciones de los derechos humanos cometidas en la dictadura». Y sigueMiola: «Para entender esta delicada situación es importante identificar el nexo entre el origen social y político de los jueces y la naturaleza de las decisiones conservadoras de la Corte. En el Uruguay el acceso a la carrera jurídica no se da por concurso público, pero sí por indicaciones personales y discrecionales. El nombramiento de los jueces de la Suprema Corte es hecho por la Asamblea Nacional mediante 2/3 de votos favorables, lo que obliga a arreglos y concesiones políticas desfavorables incluso para los partidos que ocupan eventualmente las mayorías simple del parlamento». Y agrega: «De los actuales cinco jueces de la Suprema Corte, cuatro de ellos construyeron sus carreras en el período dictatorial». Y ahondando en su inadmisible intervención dijo que «es notable la coordinación de los monopolios de medios de comunicación, el Poder Judicial, ciertos segmentos empresariales y partidos políticos de derecha en engendrar iniciativas contra los gobiernos progresistas de la región».
Está claro que el máximo funcionario del Mercosur contravino todo lo que indican el Derecho y las normas a las que tiene que ajustarse, ya que debe abstenerse de tener una posición pública particular sobre temas internos de los países que lo integran. El Derecho Internacional consuetudinario vigente le obliga a mantener en reserva sus convicciones políticas y a abstenerse de cualquier manifestación pública al respecto. Pero además, las normas particulares del Mercosur (Decisión 03/12, Decisión 07/07 y Resolución 06/04) establecen que todos los funcionarios deberán observar la neutralidad inherente a sus funciones. Uno de los artículos dice expresamente que «deberán abstenerse de desarrollar actividades y cumplir actos, dentro o fuera de la Sede, que puedan afectar los derechos, el prestigio o el buen nombre de la Secretaría, así como de intervenir activa y públicamente en la política de un Estado Parte».
Como dijo el Senador Abreu en la sesión del Senado en que denunció estos dichos, es importante reflexionar y tomar en cuenta la forma en que se ejercen las responsabilidades en el Mercosur y de la manera con que se ignoran y se obvian todas aquellas normas que son parte de la conducta a que se deben someter sus funcionarios. En consecuencia, cabe sumarse a lo dicho por el senador con lógica incontrastable: que no es cuestión de amonestar al Sr. Miola, sino pedir su destitución de inmediato.
El País Digital
