Punto de inflexión

Tiempos de incertidumbre, de zozobra, de miedo. Tendemos a referirnos al pasado como el mejor de los tiempos. Repasando, sin embargo, concluimos que  cada tiempo tiene su carga emocional, ideológica, política y hasta filosófica. Todos tienen su explicación. Aunque las causas aparentan ser diferentes. Bolivia se ha debatido entre dictaduras y pseudodemocracias. Santa Cruz, en particular, ha tenido siempre una relación tensa con el poder centralizado, ya sea en Sucre o en La Paz, siempre tratando de vivir y progresar en paz. Desde Andrés Ibáñez los nombres cambian, no la relación.

Para qué sirve, qué razón  justifica al Estado, cuando no es capaz de garantizar la seguridad e integridad de sus ciudadanos. Tendrá legitimidad solo en la medida que cumpla las leyes, que respete las instituciones,  la independencia de poderes,  el Estado de Derecho. Lo contrario es tener al mono con una navaja, nada más. Hace pocos días un dirigente cocalero del los Yungas apellidado Choque, regresando de un congreso en el Chapare, desaparece, se lo da por muerto; no muy lejos de allí, un conocido agricultor y ganadero, Petrus Dekker, es secuestrado, añadiendo dolor a un hogar ya golpeado por la desgracia; apenas se ve la punta del ovillo al caso de Hanalí, la periodista muerta a apuñaladas, cuando nos sacude el hallazgo de Clavijo, el asesino y  exmiembro de la UTARC, colgado en un árbol con  un cinturón de seguridad. ¿Creíble?  Lo comentado hace años ya es noticia, las FARC están en el norte de La Paz, los Yungas, zona cocalera tradicional, la del acullico, no la que sirve al narco.

Hace años el vil asesinato de Noel Kempff Mercado hizo cambiar la historia. Después de Caparuch se censuró socialmente a los narcotraficantes, aunque fueran antiguos amigos (faltó hacerlo con los traficantes de precursores), desapareció “la blanca” al menos de la vista pública, dejó de acudirse a sus dádivas para eventos hasta de caridad. Finalmente, algunos responsables fueron a la cárcel. Hoy se guarda silencio oficial frente a la bonanza económica que no encuentra explicación en la economía legal, convertida en una gran lavandería. Porque la miseria, la pobreza, el hambre, la marginalidad, además de la inseguridad, siguen campantes.

Hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. El Comandante General de la Policía ora y llora por la situación. No dudo,  ambas cosas ayudan. Pero la realidad es que  los volteos continúan, los kilos incautados se vuelven toneladas y pronto, pone mucho afán el gobierno en esto, el narco tendrá carretera bioceánica a disposición (no importan el TIPNIS ni los indígenas), fertilizantes para mejorar la producción de los cocales, un aeropuerto internacional en medio  y hasta un tren para hacer más difícil su seguimiento. Levanta muchas sospechas que el gobierno no haga ni mención, menos preste atención, a las numerosas y autorizadas observaciones técnicas y económicas a estos proyectos,  que además suponen las mayores inversiones de recursos públicos en el país.  ¿En función de qué?.

Más allá de las reivindicaciones en el discurso lo único que tenemos es el presente, y lo estamos perdiendo. La bonanza de precios ha llevado al aumento insospechado en ingresos, a pesar de la ineficiencia en la gestión gubernamental. El sector privado tampoco lo está aprovechando dadas las limitaciones impuestas a la producción, incorporación tecnológica, fijación de precios y a la exportación. Esto no es nuevo, es cierto, pero ha sido agravado por la inseguridad jurídica generada desde 2006. Las consecuencias a la vista,  pero el gobierno parece el último en enterarse. Un poder judicial a la orden del ejecutivo no es la mejor carta de presentación. En los rankings mundiales estamos entre los últimos como países atractivos para la inversión, y va parejo con el mal trato a los turistas cuando pregonamos estar decididos a explotar la industria sin chimeneas.

Las garantías constitucionales a los derechos individuales no se han suspendido. Sin embargo, el tener 39 personas detenidas por tres y cuatro años, sin juicio o sin sentencia, dice lo contrario. Esto solo el caso denominado Terrorismo I. Todo va corroborando la inicial sospecha de que se trataba de un complot orquestado por el gobierno para deshacer principalmente al movimiento autonomista y a la oposición de la Media Luna. Ya saltaron nombres. Los procedimientos judiciales,  violados. Hay cientos de personas perseguidas políticamente  exiliadas. Hay muertos sin explicación ni responsables. Sin embargo, el vice suelta en acto público, “hemos hecho una revolución sin derramar una gota de sangre”. ¿De qué país está hablando, o en quién  está pensando? Hay documentados  cerca de 100, por razones políticas,  y la justicia comunitaria se ha cobrado más de 300.

Hay ejecuciones extrajudiciales, cuya verdadera historia se hunde en un lodo impenetrable. Ninguna denuncia se atiende, ninguna prueba o evidencia se acepta, todo se niega. Se tapa con declaraciones altisonantes, hasta de algunos de los supuestos implicados, y continuarán  un juicio sin pruebas, como lo reconoció M. Soza, fiscal investigador y principal acusador a nombre del gobierno. Y sin testigos, ya que los principales han denunciado haber declarado bajo tortura. Los peritajes tampoco les sirven. Entonces,  ¿a quién se deberá recurrir?

Instancias internacionales, lentas pero seguras. ¿Incierto el final de los gestores de este proceso de cambio? Es posible que sabedor de esto el gobierno ya adelantó su retiro de algunos organismos, como el CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Argumentos no faltan, pero lo probable es que se están abriendo  paraguas. En definitiva, visto en perspectiva, este tiempo  no parece ser  mejor ni peor para Bolivia, la diferencia radica en la máscara, en la nueva careta democrática para una  dictadura. Pero, sin duda, los  narcos y el terrorismo de Estado, marcarán un punto de inflexión en la historia del país.