ENTREVISTA: Elecciones ciegas, no se conocerá el padrón electoral
1)En campaña electoral, el presidente promete legalizar la coca de la provincia Chapare, dos teleféricos más en La Paz y un tren bala. El tema de los autos chutos también corre riesgo. ¿Tan mal está en las encuestas se preguntan algunos?
Además de todas las promesas electorales, algunas muy polémicas como legalizar la coca de Chapare –no apta para el consumo humano, por eso es ilegal- o una nueva legalización de autos también ilegales, hay otro tema más grave. Y es impedir que los partidos políticos tengan acceso al padrón electoral. ¿Por qué esa negativa? Presumo que es porque están mal en las encuestas y quieren “manipular” los datos para aparecer como ganadores. Si no sabemos cuántos votantes hay, dónde y en qué circunscripciones están, tampoco podremos saber cuántos ‘fantasmas’ hay, ni cuántos fallecidos votan como si estuvieran vivos, amén de los ‘clonados’ que hubo antes. Ese dato arroja muchas sombras a la confiabilidad del Tribunal Electoral.
2) ¿Usted cree que esa es la tónica más importante de esta campaña electoral?
En mi criterio sí, porque estamos yendo a unas elecciones “ciegas” sin conocer el padrón electoral, que solo lo maneja el Tribunal Electoral subordinado al oficialismo como si fuera poco, con enormes dudas sobre el censo de población de 2012. Esta tónica habla de un “caballo del corregidor” y conlleva una falta muy grave, antidemocrática, que afecta a la transparencia de las elecciones de octubre próximo. Estamos ante un fraude cantado, al que se suma la judicialización de la política –que es otra forma de fraude- pues reabren y abren procesos contra candidatos o sus familiares.
3)¿Cuánto pierde el oficialismo con las amenazas de que ningún partido de la oposición va entrar a hacer campaña a Chapare?
Quien pierde es la democracia, que al oficialismo le importa poco o nada: siguen las enseñanzas del “jefazo”. Es otra prueba de su autoritarismo, ya que de él proviene la idea, pues siendo diputado, a fines de los ’80 y principios de los ’90, ya lo impedía en Chapare, su feudo político. Ahí inició su vida sindical, muchas veces violenta para impedir la erradicación de los cultivos ilegales de coca. Ahora también hay amenazas de impedir el ingreso de opositores al área rural de Chuquisaca, si “le dicen a la gente que la gestión del presidente Evo Morales es mala” o silos frentes opositores descalifican a los candidatos del MAS. La misma amenaza ronda en el Plan 3000 y habrá otras más, seguramente, pues se creen dueños de Bolivia.
4) A pesar de las amenazas, Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez de Unidad Demócrata (UD) visitaron al trópico?
Y a pesar de Leonilda Zurita, secretaria de Relaciones Internacionales del MAS, que los desafió con un «A ver si les dejan entrar”. Pero el binomio de UD si entró. Según radio Panamericana, desde Villa Tunari, prometieron instalar un Centro de Innovación Tecnológica (CITE) y otras industrias medianas que generen trabajo y oportunidades económicas para que los jóvenes “no siembren coca”. En respuesta, una asambleísta del MAS dijo que fueron “pequeños grupos de resentidos” del proceso de cambio quienes lo recibieron en el trópico de Cochabamba.
5) Usted cree que al final se puede forzar a un debate con EvoMorales, tomando en cuenta las repercusiones negativas que tuvo suexabrupto?
Bueno, Morales solo rectificó una medida: el incremento del precio de la gasolina en vísperas del año 2011, tras una masiva repulsa popular. En mi criterio, si no quiere debatir con los candidatos de oposición, ahora no hay protesta popular que lo haga cambiar de parecer. Y va a tener que debatir con su abuela, sin faltarle el respeto a la señora, esté viva o fallecida. Si no debate, es porque algo teme, aunque el oficialismo diga que candidato ganador no debate con nadie. En democracias que son reales y no una impostura, el debate es una obligación de los candidatos y un derecho de los electores.
6) El caso Rózsa también puede saltar a la palestra electoral. ¿Cree que el Gobierno puede tomar una decisión salomónica como una amnistía?
Ese juicio debe concluir, no como una medida salomónica, sino como un acto de justicia a los 39 injustamente imputados: 9 presos en Bolivia, otros con detención domiciliaria, otros perseguidos y muchos exiliados. Fue y es un complot armado por el régimen contra la dirigencia autonomista, sobre todo la cruceña para “aplastarlos” . Después de conocer lo que dijo el exfiscal Sosa aquí y en Brasil donde está refugiado, ese montaje jurídico exige una auditoría externa y competente. Tras cinco años, el “caso” apesta porque nació podrido: no hay pruebas de separatismo ni de terrorismo. ¡No existen!, pues los únicos actos terroristas que hubo, los ejecutó la maquinaria represiva del régimen con violación a Derechos Humanos y a la dignidad de los asesinados, detenidos, perseguidos, exiliados, familiares y abogados defensores. Tarde o temprano, los malhechores de la administración de justicia y también los políticos, serán juzgados.