El salario mínimo tiene, en la academia, por lo menos un buen argumento: el efecto faro (Souza & Baltar: 1979). Este fenómeno, que aún es bastante cuestionado en la academia, consiste básicamente en que el salario mínimo se vuelve una referencia, como la luz de un faro en el mar, hacia lo que debería ser el salario de los trabajadores generando así un incremento en los mismos.
Por otro lado, en el debate local se advierte que el salario mínimo tendría que ser superior a la tasa de inflación debido a que un incremento inferior a dicha tasa, significaría que los trabajadores estarían perdiendo capacidad adquisitiva de su salario en términos reales (cuando la evidencia reciente muestra justamente lo contrario).
El primer argumento parte de una visión en la que las normas del Estado representan una simple referencia. Se trata del -tan absurdo como lamentable- argumento de incorporar derechos a la legislación por el simple de hecho de sumar más derechos sin saber siquiera si su cumplimiento fuera posible; es hacer de la Constitución y las leyes, una carta de buenas intenciones con excelente verso pero además, le da el poder a los políticos para exigir el cumplimiento –a veces imposible- de manera arbitraria. Por otro lado, incrementar los salarios por Decreto por encima de la tasa de inflación parte del supuesto de que la economía es predominantemente formal y desconocen, como muy bien lo detallan Schuettinger & Butler, más de 4.000 años de literatura económica.
En el fondo, ambos argumentos parten de una visión estática y homogénea de la sociedad. En primer lugar, la realidad económica por sectores es muy diferente: por ejemplo, el sector de la construcción crece a un ritmo diferente que el oleaginoso. En segundo lugar, la realidad económica de cada departamento es completamente diferente: no es correcto emplear las mismas políticas económicas para realidades tan diferentes como las de Santa Cruz de la Sierra, El Alto o Tiquipaya. En tercer lugar, el fenómeno económico es tan dinámico que todos estos aspectos son cambiantes día a día.
“… no es correcto emplear las mismas políticas económicas para realidades tan diferentes como las de Santa Cruz de la Sierra, El Alto o Tiquipaya.”
Alguien podría sugerir, entonces, que el salario mínimo fuera descentralizado, por sectores y definido de manera más frecuente; por los costos que implica el flujo de toda esa información, que a partir de ahí recién se tomen decisiones de política económica y velar por su cumplimiento inmediato, no sería imprudente cuestionar la existencia del salario mínimo en Bolivia, imposición estatal que además de incrementar los costes de contratación, la evidencia demuestra que en la última década afectó negativamente a las mujeres, redujo la calidad del empleo, dificulta el ingreso de jóvenes al mercado laboral y perjudica la sostenibilidad de las empresas más pequeñas, que son el 90% de la base empresarial del país.
Fuente: blogchristianaramayo.wordpress.com
Christian Aramayo
