De haber estado ejerciendo la crítica analítica, pasó a ser uno de los hombres clave del presidente Eduardo Rodríguez. Ahora no quiere opinar de Carlos Mesa, pero cuenta las estrategias políticas que utilizó el actual Gobierno para neutralizar a los sectores sociales y hacer las paces con el Congreso.
Por: Guísela López R.
Es el operador político de Eduardo Rodríguez Veltzé y hay quienes dicen que es el hombre que le faltó al ex presidente Carlos Mesa. Pero él, ahora prefiere no comentar nada del ex mandatario ni de su gestión, pese a que antes era uno de los motivos de sus análisis y sobre el que habla mucho en su último libro.
Jorge Lazarte Rojas conoce a ciencia cierta cómo actúan los movimientos sociales en Bolivia, porque durante cuatro años fue asesor de la Central Obrera Boliviana (1983-1987); también tiene cierta experiencia en la administración pública, porque asesoró a Luis Ossio Sanjinés cuando fue vicepresidente del país (1990- 1991). Y, por último, domina la temática electoral porque fue vocal de la Corte Nacional Electoral durante tres años.
Pero a lo que más se dedicó en el último tiempo fue al análisis político. A observar, criticar y censurar el accionar negativo de los actores políticos. Ahora está inmerso en esa misma arena donde se han revolcado sus criticados.
Usted cuestionaba las actitudes del sistema político y ahora está en ese mundo, ¿cómo lo está viviendo?
Lo que antes dije de los partidos lo sigo sosteniendo, porque es mi percepción anclada en el tiempo, he trabajado durante muchos años en ello, pero está claro que ahora he cambiado el campo de acción. De ser un hombre de pensamiento, ahora soy un hombre de acción, y trato de poner en marcha ciertos principios que he sostenido desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista valorativo, al campo práctico.
¿Entonces mantiene su posición crítica acerca del sistema político nacional?
El ser ahora un hombre de acción, me impone ciertas obligaciones que no las tenía como analista. Cuando hablaba como opinador, sólo me comprometía a mí mismo, y aunque expresaba mis criterios con cautela, no tenía el deber de reserva que ahora tengo, porque mi opinión actual compromete al Gobierno.
Pero lo demás es lo mismo y eso estoy haciendo hoy. Lo estuve haciendo como analista, lo he incluido en mi último libro publicado y ahora creo que estamos en consonancia con el señor Presidente y los ministros, de que no debe hacerse nada que viole la ley. Entonces es como cambiar de registro para hacer lo mismo en un mundo distinto.
En un mundo distinto, pero con una coyuntura muy complicada. ¿Le costó definir su participación en el Gobierno?
Hay momentos en los que me pregunto si no debí, nomás, haberme quedado como analista, porque de alguna manera es más cómodo mirar de afuera y comentar lo que los otros hacen, eso no tiene mucho riesgo. Donde se corre riesgo es cuando uno es un hombre de acción, porque las decisiones comprometen y tienen costos y efectos sobre los demás.
Entonces es más cómodo el trabajo de analista. Pero si ese trabajo puede ayudar al hombre de acción, yo creo que es la mejor combinación posible en cualquier parte del mundo.
¿Cómo evalúa el primer mes en el Ejecutivo?
Quizás ha sido exitoso por lo que hizo dentro de lo que se propuso y que le prometió al país, que fue esencialmente viabilizar el proceso electoral de fin de año.
En eso se trabajó, en un camino que no será fácil de recorrer. Pero el resultado parece estar a la vista, ya que se ha creado una sensación de alivio en la población gracias a los acuerdos que se estaban buscando hace mucho tiempo y que no se cristalizaban.
Los que han permitido estos acuerdos dejan una lección para el país, y es que cuando se recupera una cierta sensatez, por cualquier motivo, es posible establecer umbrales mínimos de confianza, sin los cuales sería muy difícil que las distintas partes que están divididas puedan llegar a consensos en los que cada una de ellas obtenga su porción, sin ganar todo lo que buscaban, pero sabiendo que si esos acuerdos no llegan podrían terminar, inclusive, perdiendo lo poco que podrían lograr a través de los acuerdos. Hay cierta certidumbre en la población, ya que sabe hacia dónde está encaminado el país, por lo menos a corto y mediano plazo.
¿Carlos Mesa fue incapaz de llegar a estos acuerdos a los que arribó el presidente Rodríguez en menos de un mes?
Creo que los últimos gobiernos fallaron, o hacían acuerdos artificiales, por lo menos en los últimos cinco años, desde que se desató esta época de convulsiones sociales y políticas. O eran acuerdos artificiales o eran intentos frustrados.
¿Qué viene después de estos acuerdos políticos?
Este Gobierno empezó a poner en marcha la Ley de Hidrocarburos, es decir el componente económico. Ahora el país está recibiendo muchos más recursos y eso también aliviará a la sociedad. Este componente económico puede ser utilizado en planes sociales y de estructura que se necesitan.
Para un Gobierno de 30 días, éste es un saldo positivo y para el país también. De todas maneras, es un juicio que tendrá que hacer la población y la historia.
¿Cuáles son las nuevas prioridades para el tiempo que le resta al Gobierno?
Lo que hay hasta ahora es un camino trazado, y ahí está el problema, porque transitar no será fácil.
La siguiente apuesta del Gobierno va a ser consagrar sus esfuerzos en los sectores más vulnerables, que es la enorme población pobre que está concentrada en ciertos lugares estratégicos del país, como El Alto. La pobreza y la desigualdad social requieren de un plan social de emergencia que tenga impacto inmediato y para eso hay recursos, o por lo menos la disponibilidad de la cooperación internacional de otorgar financiamientos.
¿De quiénes y a cuánto ascienden los montos?
Todavía se está armando este plan.
¿El país tiene dinero para encarar los procesos electorales de diciembre y de julio próximos?
Eso no puedo responderle con certidumbre. Supongo que el país va a tener que encontrar los recursos para costear sus propios procesos electorales. En este aspecto no debiera recurrirse a la cooperación internacional, porque cualquier país, pobre como el nuestro, debe poder costear con sus propios recursos sus procesos electorales. No creo que le caiga bien al país tener que buscar financiamiento para procesos tan vitales para una nación. Al final estos recursos se van a encontrar.
¿Harán cambios de fondo a la política económica heredada de Carlos Mesa?
Seguramente no habrá cambios significativos, porque es un Gobierno de seis meses que no puede inventar la pólvora u ofrecer cambios estratégicos de largo plazo. Lo que se ha instruido al gabinete ministerial es que, después de una evaluación, se continúen muchas de las tareas empezadas, sobre todo de aquellas que consideren prioritarias.
Éste no es un Gobierno que está empezando una gestión, simplemente está permitiendo el trance entre una y otra administración.
¿Ha sentido el Gobierno la presión de las organizaciones sociales de El Alto o de los grupos de poder económico de Santa Cruz? Dicen que el Presidente tuvo que ceder algunos ministerios, por ejemplo.
Cuando funciona un Gobierno, las presiones siempre existen. Más aún en democracia y peor en el caso del país, con tantas necesidades. Yo creo que las presiones son una realidad en cualquier parte del mundo, pero el problema surge cuando un Gobierno toma decisiones a partir de esas presiones.
Las presiones no se pueden evitar, pero, por lo menos en las líneas fundamentales, el Gobierno del presidente Rodríguez está intentando establecer por sí mismo sus propias líneas de acción, tomando en cuenta las demandas, pero no definiendo a partir de ellas. Así ha ocurrido con respecto al último anuncio, sobre la postergación del referéndum autonómico y de las elecciones prefecturales.
Una demanda central del movimiento de mayo y junio pasado, en occidente, era la nacionalización de los hidrocarburos, ¿Cómo lograron neutralizar esa exigencia?
Sabíamos que una de las cinco demandas sociales era justamente la nacionalización de los hidrocarburos, pero que al final no entró en el paquete de los acuerdos.
Nosotros nos dimos cuenta que quizá poniendo en marcha la Ley de Hidrocarburos y no solamente anunciando qué es lo que se iba hacer, podríamos responder a esa demanda.
Activando esa Ley, a través de los decretos reglamentarios y diciéndole al país que ya está recibiendo sus frutos y que va a doblar sus ingresos por hidrocarburos con respecto a lo que recibía con la ley de 1996, podría tener efectos disuasivos sobre muchos sectores de la población que piensan en la nacionalización más que como un tema ideológico, como mayor participación en la distribución de los recursos que genera. Porque hay otros sectores para los cuales la nacionalización es un tema político e ideológico.
Carlos Mesa marginó a los partidos políticos de su Gobierno y eso le ocasionó una ruptura con el Poder Legislativo, ¿cómo ha superado eso el Presidente, cediendo espacios, dialogando o negociando con los partidos?
En primer lugar, explicando con mucha claridad que no se puede hacer democracia y al mismo tiempo dañar la imagen del Parlamento; no de los parlamentarios, sino de la institución. También hemos reivindicado la necesidad del Parlamento en la democracia del país y hemos salido en defensa de la institución parlamentaria, más allá de la opinión que se pueda tener de los políticos y de los partidos. Es decir, restablecer la importancia central del Parlamento en un sistema democrático y, en segundo lugar, subrayar el principio de que no puede funcionar la democracia moderna sin partidos y no se pueden prescindir de ellos. Y, en tercer lugar, a los políticos, a quienes se les conoce la imagen que tienen en la opinión pública, se les dio la oportunidad de hacer lo que debían hacer en el Congreso. El Poder Ejecutivo les dijo que iba a contribuir y hacer todo lo posible para que eso ocurra. Esos políticos, que están en el Parlamento, eran los que tienen que realizar estos acuerdos y si el Ejecutivo tenía que llegar a acuerdos con ellos no se podía empezar creando situaciones de crispación sino más bien facilitando el proceso. Lo que hizo el Presidente de la República es dialogar con todos para crear un ambiente distinto en la percepción de la opinión pública, de un gobierno que dialoga y que no irrita a nadie.
