Carlos Hugo Molina
La generación de recursos y su modo de asignarlos expresa uno de los indicadores de los estados democráticos modernos.
Si el Gobierno no confía en los niveles territoriales transfiriendo competencias suficientes que ayuden a resolver los problemas imprescindibles, recursos para ejecutarlas y capacidades a la gente para que desarrolle su responsabilidad y creatividad, el Estado no se fortalecerá. El modo de gobernar en el que se centralizan las decisiones, se controla y ejecuta la inversión pública en el nivel central no genera capacidades de gestión y transparencia y, por el contrario, la duda se incrementa frente a la existencia de procedimientos discrecionales y de excepción, invitación directa o anulación de los procedimientos de control.
Reitero que un Estado paternalista no es sinónimo de un Estado responsable y la falta de concreción del pacto fiscal ratifica el temor de transparentar la gestión y darle poder a la gente. El modo que aplicó la Ley de Participación Popular sigue siendo el válido. La existencia de parámetros definidos previamente, la transferencia automática en la que no interviene ningún burócrata de turno para decidir montos y condiciones, el modo de acceder transparentemente a recursos concursables que no dependan de la simpatía política y el compadrerío, la ejecución de actos regulados de cumplimiento obligatorio que dejen de lado la discrecionalidad de la autoridad, necesita seguir siendo la regla y no la excepción.
Dos son las condiciones para garantizar el cumplimiento de esta necesidad de transparencia y cuyo incumplimiento han frustrado hasta ahora la ejecución del pacto fiscal.
El primero es la existencia de un sinnúmero de programas, como el Evo Cumple, que tienen origen y definición política para su asignación y no poseen los controles básicos para garantizar su transparencia. Desde el Ministerio de la Presidencia se aprueba hasta la construcción de mercados, urinarios y mingitorios, expresión anecdótica para señalar un absurdo. Un pacto fiscal serio tendría que devolver las competencias y asignar esos recursos para su ejecución en modos administrativos y fiscales que respondan a la norma. Recordemos el procedimiento de aprobación, sin ninguna consistencia técnica y con un cheque que, en su origen, tenía la firma del embajador de Venezuela.
Y continúa el fracaso y la corrupción del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas sobre el que no es necesario decir ninguna palabra más.
La segunda condición tiene que ver con la existencia de instrumentos permanentes para garantizar su eficacia. Para que el pacto funcione, el nivel central de Gobierno, el centralismo, tiene que estar convencido de que la consistencia de la propuesta radica en la transferencia de competencias, capacidades y recursos centrales, es decir, que le pertenecen, y que, en un acto de responsabilidad pública, los transfiere de manera definitiva para su ejecución por otro nivel del Estado, gobernaciones, municipios y autonomías indígenas que, dicho sea de paso, para eso existen.
Sin duda que, para llegar a ese grado de responsabilidad democrática, se necesita de propuestas innovadoras y la construcción de un marco de cohesión social entre actores públicos, privados y sociales; se trata, no solo de transferencias de recursos, sino de métodos fiscales y presupuestarios que se nutren de los impuestos y acuerdos entre los actores, como los incrementos salariales. El debate, hasta ahora, ha sido solamente entre niveles públicos. El análisis de todos los recursos, y la existencia de presupuestos plurianuales, son condiciones incumplidas.
Buen momento electoral para recordarlas.
Fuente: eldeber.com.bo
