Editorial El Deber
El día que comenzó el paro indefinido cruceño en cumplimiento del mandato del mecanismo constitucional del cabildo, el Gobierno se abrió a dialogar con el Comité Interinstitucional en la misma ciudad detenida y cuando las calles, avenidas, rotondas y carreteras estaban ya desiertas, pero demasiado pronto llegó un estrepitoso fracaso.
En la transmisión en directo de las reuniones entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional se pudo advertir que una de las partes simulaba dialogar con una aparente apertura, pero si bien escuchaba a la otra, en el fondo no tenía voluntad política para cambiar nada.
Eso demostró el Gobierno representado allí por la ministra María Nela Prada, el vocero Jorge Richter y otros, quienes parecían intentar envolver a los representantes cruceños con el argumento de la factibilidad técnica en la elección de la fecha del Censo.
Sin embargo, detrás de las engorrosas y reiterativas explicaciones de la ministra Prada quedó absolutamente clara una certeza: el Gobierno no quiere Censo el 2023. Jamás habló de la posibilidad de abrogar el cuestionado decreto y solo consideraba la opción de hacer una ‘norma complementaria’, pero siempre conservando el sentido original del decreto que determina el Censo para el año 2024.
Incluso ideó una propuesta para que el Censo se haga en abril de 2024 y que en octubre de ese año, es decir, seis meses después, se aplique una redistribución de recursos según los resultados, con la idea de convencer a la región hoy movilizada con una protesta indefinida.
El mismo Gobierno que antes decía que los primeros resultados se conocerían no antes de un año después de realizado el Censo por razones técnicas, ahora admite que seis meses después pueden no solo tener resultados, sino incluso aplicar cambios en la distribución de recursos según los datos que arroje la gran encuesta.
En la reunión el encargado de formular la propuesta cruceña fue el constitucionalista José Luis Santistevan, quien con argumentos legales propuso un decreto que sin señalar fechas establecía el año 2023 para la realización del Censo. Las mesas técnicas trabajarían con ese mandato.
Pero Prada rechazó la propuesta de inmediato, ni siquiera tuvo el tino de decir que se la estudiaría. Enseguida el gobernador Luis Fernando Camacho argumentó que lo que estaban haciendo las autoridades de Gobierno era una falta de respeto a la región y decidió retirarse de la reunión. También se retiró el representante cívico Stello Cochamanidis y luego el rector de la Universidad, Vicente Cuéllar.
La reunión llegó a los gritos y dejó en evidencia que el Gobierno no tenía ninguna intención de escuchar a la región, pese a que en el extremo del absurdo, el vocero Richter acercó sus palabras a la cima del cinismo cuando dijo ‘Nosotros estamos respetando el mandato del cabildo de ustedes (los cruceños)’.
La ministra Prada demostró tener pocas condiciones para conducir un diálogo en el que hacía de juez y parte. Cuando todo acabó, llamó ‘niños malcriados’ a Camacho y Cochamanidis y les dijo que ellos serán responsables de la violencia que se vaya a producir de aquí en adelante. No explicó el sentido de sus expresiones, pero parecía una amenaza.
Lamentable final. Crearon falsas expectativas y jugaron con la buena fe de la gente, esa misma que disciplinadamente está en las calles haciendo bloqueos pacíficos en demanda de sus derechos ciudadanos.
