Al igual que toda la opinión pública nacional, me he informado por la prensa del acuerdo entre Sánchez de Lozada y las víctimas de octubre que iniciaron una demanda civil en los EEUU hace varios años. No conozco ningún detalle del acuerdo ya que en el comunicado en su ultimo párrafo dice «Las partes han acordamos no divulgar ningún término de su acuerdo de conciliación».
¿Los que han llegado a un acuerdo de compensación son las únicas víctimas? No. ¿Existen otras víctimas de la conspiración de octubre del 2003? Sí. Han pasado veinte años de esos luctuosos sucesos que sigue dejando secuelas imborrables en muchas personas y que cambiaron por completo la vida de otros.
Como en mi juventud, todavía me sigo rebelando contra toda injusticia, me duele como mío el dolor ajeno. Trato de apegarme a la verdad de los hechos, priorizo el diálogo ante cualquier circunstancia de mi vida tanto privada como pública. Trato de ser justo, honesto y correcto con mis semejantes: así me criaron en esa antigua escuela de mantener tu dignidad y tus principios ante todo, y así los he criado a mis cuatro hijos.
Por eso, después de informarme de este acuerdo, lo primero que se me vino a la mente fueron mis compañeros del MIR asesinados en la calle Harrington: sus familiares nunca pidieron compensación por la muerte de sus hijos. Nunca la escuché a mi compañera y amiga Gloria Ardaya, única sobreviviente de esa masacre, pedir dinero al estado boliviano por las secuelas que le dejo ese acto criminal de la dictadura.
Me acordé de nuestros años de clandestinaje, cuando no podíamos dormir en nuestras casas ni estar con nuestras familias; de los compañeros exiliados que les robaron la juventud, que ingresaron a la política por convicción, por principios, sin miedo a perderlo todo incluso la vida.
A mis 20 años de edad, fui preso y exiliado de la dictadura de García Meza, sufriendo torturas, en el Departamento de Orden Político que estaba en el Pary. Jamás se me ocurrió pedir una compensación por todo lo que pasé, ni al volver a Bolivia después de finalizadas las dictaduras, pedir una compensación económica por mi lucha política.
Soy otra víctima de los sucesos de octubre del 2003, como los hay muchos: han habido policías y militares muertos en enfrentamientos, civiles muertos porque incendiaron surtidores, niños muertos por emboscadas que realizaron en enfrentamientos en Warisata, el alto mando militar, que solo cumplía órdenes del presidente como su capitán general, han estado presos durante más de diez años y han cumplido su condena dignamente.
De todos los miembros del gabinete de ministros, tres fueron condenados injustamente a prisión y los otros estamos con asilo político en diversos países como España, EEUU y Perú y quienes nos demandaron, encabezados por Evo Morales, se hicieron dictar un Decreto Supremo de Amnistía para todos los que participaron en las revueltas de septiembre y octubre del 2003, que lo firmó Carlos D, Mesa, a nombre de la pacificación del país, pero criminalizando a todo el gabinete ministerial, son esos acuerdos políticos que se hacen sacrificando a quienes defendimos la legalidad constitucional de la República.
A los ministros que no éramos del área de seguridad, nos metieron a un juicio de responsabilidades, sin informe legal, en una segunda votación ilegal e inconstitucional. La corte suprema de justicia empezó su crisis terminal y Evo nombró por Decreto Supremo a los ministros de la Corte Suprema y los puso en la sala penal para acusarnos, sintetizando, el demandante ponía al juez, al fiscal y por lo tanto no había ninguna posibilidad de un debido proceso, lo que nos obligó a salir al exilio.
La argumentación legal contra nosotros era la firma del Decreto Supremo 27209 que en su relato era el «Decreto de la muerte” nada más alejado de la verdad. Decir que ese decreto era el causante de los muertos de El Alto, es como acusar al carpintero que hizo la cama por el delito de adulterio que se cometió en ella. Absurdo, sin sentido, sin base legal, pero como empezaron a manejar el poder total y Sánchez de Lozada jamás tuvo la valentía política para defender ese proceso, nos convirtió a quienes estuvimos esos días en distintos ministerios en prófugos de la justicia, genocidas, violadores de la constitución y otros delitos y nos obligó a salir del país, a dejar nuestras familias, nuestras querencias y buscarle a la vida en otras latitudes del planeta.
Por lo que también habemos otras víctimas, que por las circunstancias políticas somos acusados de victimadores, somos personas que ninguna compensación económica nos devolverá nuestros años fuera de Bolivia. Somos gente que no estamos pensando qué rédito le podemos sacar a la situación política o cómo nos vamos a beneficiar de una circunstancia. Para mí, los muertos no tienen precio, porque ingresé a la política en la resistencia a las dictaduras militares, milité en la democracia; en los conflictos de octubre estuve apegado al diálogo y la concertación, buscando salidas políticas y pacíficas al conflicto y no me quejo de que me tocó vivir nuevamente el exilio. Lo llevo con dignidad. Gracias a Dios y a mi familia que me acompañó, a mis amigos que no me abandonaron y confiaron en mí. Me ha ido bien porque vivo en un país donde se respeta la ley, y quien cumple la ley puede vivir tranquilo. Para mí la política nunca será un negocio.
