Haciendo caso omiso de un fallo del TCP, Morales, una vez más, hace jactanciosa gala de su desvergüenza e impunidad.
Además de haber causado un fenomenal daño al Estado por la pérdida del mar, el Silala, los laudos perdidos, las muertes en tantos hechos de represión, su permanente atropello a la Constitución y las leyes, por instalar la judicialización de la política como metodología de gobierno, disfrazando de presos comunes a los presos políticos, etc., incorporando aliados imprescindibles a su causa como el órgano judicial y constitucional, las FFAA, la Policía y el resto de las instituciones del Estado, que desvergonzadamente trabajan en función de los intereses de la izquierda vernácula en desmedro del respeto a la sociedad boliviana.
Al no acatar el resultado del 21 F, además de antijurídico, ilegitimo e inadmisible, Morales incumplió sus deberes y configuró una flagrante violación de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los bolivianos, como lo establecen los artículos 4° y 12° de la LEY de 8 de octubre de 2010, “Ley para el Juzgamiento del Expresidente”, la que prevé sentencia condenatoria, sanción de inhabilitación definitiva y la prohibición de ejercer función pública, hasta el máximo del tiempo previsto como sanción penal.
Es más, Morales y su partido, han cometido prácticamente todos los delitos penales consignados en el artículo 238 del Régimen Electoral. Las pruebas están radicadas en la fiscalía y en el informe de la OEA. El expresidente, en lugar de promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución que era su deber, hizo enaltecimiento de su incumplimiento. Al expresar su deslealtad y desobediencia, configuro un Estado delincuente en el que las leyes quedaron degradadas por inaplicación arbitraria según los intereses de un puro despotismo. Hoy, con la proclamación de su candidatura, su cinismo desvirtúa y degrada el servicio público, sobre todo porque no tiene arrepentimiento ni conciencia del daño y cabalga cómodamente sobre la indiferencia general.
La felonía de Morales representa la degradación moral de un individuo privilegiado que quiere reiterar su desprecio a la Constitución. Si todos somos iguales ante la ley ¿Por qué admitimos y aceptamos su total impunidad? La constitución existe por la necesidad de imponer un orden a la política. El poder político que se atribuyó a Morales, solo se justificaba si cumplía la función social; la no sanción de la violencia y de sus delitos cometidos, el silencio, la negación, la minimización de los hechos y la culpabilización a las víctimas, envía a la ciudadanía el lamentable mensaje de que la justicia penal es un ejercicio opcional que depende de las circunstancias políticas coyunturales.
La sociedad boliviana tiene el desafío de escarmentar a quien llevó el servicio público a la infamia. El juicio de responsabilidades a Morales es viable y urgente.
Dr. DAEN. Waldo Ronald Torres Armas
Abogado Constitucionalista
torresarmas1@hotmail.com
