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Cpilap denuncia que minería ilegal sigue ingresando al norte de La Paz y se incumple acción popular

El dirigente señaló que con relación al tema de la salud de los indígenas que tiene índices elevados de mercurio en su organismo, el Ministerio de Salud no realizó el monitoreo a los afectados.

Fuente: Eju.tv

A nueve meses de ganar la acción popular que ordenó paralizar actividad aurífera, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) denunció que en el norte de La Paz aún existe minería ilegal y no se está cumpliendo con la resolución que dictó el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia de Rurrenabaque en septiembre de 2023.

“Los avances en el cumplimiento de la resolución judicial que emitió el juez de garantías con relación a la acción popular, se ha cumplido de forma lenta y no se ha tenido avances significativos, principalmente en el control de la minería ilegal. Las acciones no han sido contundentes como lo ha decidido el juez, esperamos que se pueda reforzar el control del ingreso de las cooperativas mineras como manda la resolución judicial”, informó a la ANF el presidente de la Cpilap, Gonzalo Oliver.

El 9 de septiembre de 2023, el Juzgado Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad de Rurrenabaque, en el Beni, determinó la suspensión de las actividades de la minería ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, además en los afluentes de Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.

El fallo también determinó que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas fue vulnerado y dispuso que este proceso alcance a los derechos preconstituidos. Ordenó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a reencaminar ese procedimiento y la suspensión de nuevos derechos mineros.

Igualmente, dictaminó que se garantice la participación de la Cpilap en el Plan de Acción Nacional de Control del Uso de Mercurio.

Al respecto, Oliver señaló que se conformó una comisión de seguimiento a la resolución judicial, donde se identificó que el único punto al que se dio cumplimiento por parte de las autoridades fue la paralización de las autorizaciones que emite la AJAM, para que nuevas cooperativas mineras se asienten en el norte de La Paz.

Pendientes

Con relación al resto de los puntos evaluados por el juzgado, el dirigente señaló que con relación al tema de la salud de los indígenas que tiene índices elevados de mercurio en su organismo, el Ministerio de Salud no realizó seguimiento a los afectados.

“En cuanto al tema de salud, ha habido algunos avances en los cuales consideramos que no son significativos, la Central de los Pueblos lo ha planteado y también fue parte de la decisión judicial, ha establecido que debería haber un monitoreo permanente de la salud de los indígenas que han sido detectados con mercurio por encima de lo permitido, pero hasta ahora no hay nada”, explicó.

De acuerdo con un estudio que presentó la Cpilap en junio de 2023, se identificó que el 75% de las personas, es decir 227 de 302 evaluadas, tienen niveles de mercurio por encima de los parámetros internacionales permitidos. Se registró una media de 3,93 partes por millón (ppm) cuando lo permisible en el cuerpo, según los organismos internacionales, es de 1 ppm.

En 2021, un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes realizado en cuatro países, estableció que las mujeres Esse Ejjas tenían un nivel de mercurio de 7,58 ppm, muy por encima de las comunidades amazónicas de Brasil, Venezuela y Colombia.

Por otra parte, Oliver recordó que el fallo judicial ordenó a la AJAM desarrollar verdaderos procesos de consulta previa de acuerdo con los estándares internacionales, además que ese proceso alcance a los casos de adecuación por derechos preconstituidos.

En el mismo sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo debió concretar un plan de siembra y rehabilitación de peces en los ríos Beni y Madre de Dios en coordinación con la Cpilap.

En ese contexto, Oliver señaló que el martes se presentó un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que emita una resolución ratificando la determinación del juzgado de Rurrenabaque, con el fin de proteger a los pueblos indígenas y su territorio.

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