En días recientes, una abogada representante del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, municipio bajo la administración de la alcaldesa Eva Copa, hoy también candidata a la presidencia de Bolivia, brindó declaraciones públicas que merecen una seria reflexión ciudadana y legal. En un acto que parece más político que jurídico, esta funcionaria lanzó un análisis despectivo y falto de sustento legal sobre el candidato presidencial Jaime Dunn, desconociendo abiertamente los pagos realizados por este ciudadano y sembrando dudas sobre su solvencia fiscal.
Lo preocupante no es solo la falsedad evidente de las afirmaciones, que se caen por sí solas frente al Certificado de Solvencia Fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, único documento válido conforme a ley, sino la intencionalidad detrás de este tipo de ataques: ¡inhabilitar a un candidato incómodo, cueste lo que cueste! Nos preguntamos, ¿actúan con la misma rigurosidad hacia otros verdaderos deudores del municipio de El Alto o solo se ha fijado la mira en Jaime Dunn, por ser un proyecto político que amenaza intereses establecidos?
El artículo 77 de la Ley N.º 1178 (SAFCO) establece claramente que la Contraloría General del Estado es la única entidad competente para emitir el Certificado de Solvencia Fiscal. Ningún otro actor, municipal o departamental, puede sustituir ni relativizar este mandato legal. Cualquier informe paralelo, interpretación torcida o narrativa mediática no tiene valor jurídico alguno; son solo instrumentos de una ¡politiquería barata y mañosa! que busca manipular la opinión pública y torcer el curso democrático del país.
Estas maniobras no solo afectan a una candidatura; ¡socavan la credibilidad de las instituciones! y fortalecen la percepción de que ¡la justicia no sanciona el incumplimiento de deberes de las autoridades!, pero sí se presta para perseguir selectivamente a quienes incomodan al poder. Es un juego peligroso que profundiza la desconfianza ciudadana, y que al final debilita la democracia.
Nos preguntamos:
¿En qué momento comenzaremos a actuar con la madurez democrática que el pueblo boliviano exige y merece?
¿Cuándo se pondrá un freno a estas chicanerías jurídicas que solo desgastan la institucionalidad y la voluntad soberana del pueblo?
¿Dónde queda el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a elegir y ser elegido?
El pueblo boliviano no necesita más maniobras ni montajes políticos disfrazados de legalidad. Necesita un proceso electoral limpio, donde todas las candidaturas que cumplen los requisitos legales participen sin presiones ni vetos velados, y donde sea el voto del soberano ¡no las zancadillas del poder! el que defina el futuro del país.
Hoy, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la oportunidad de demostrar al pueblo boliviano que actúa con imparcialidad y respeto a la ley. Habilitar a Jaime Dunn no solo es un acto de justicia, sino un deber institucional que debió cumplirse desde el principio. Cualquier otra decisión sería una señal de sometimiento a presiones políticas y una falta grave contra la democracia. ¡El pueblo está mirando!
¡Estamos con Voz Jaime en las buenas y las malas!
Carlos Gambarte Guereca
