El convenio firmado el 29 de junio para levantar la huelga de pacientes renales y oncológicos lleva más de una semana sin cumplirse. María Luisa Romay, presidenta de la Asociación de Discapacitados Renales, rompe el silencio y apunta directo al centralismo de La Paz.
Hace once días, en el auditorio del Hospital Obrero N°3 de Santa Cruz, siete organizaciones de pacientes y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) —ABOLPO, FEREMAR-NIC, FEDEMAR-SC, FDTFSC y CONALJUVE— firmaron un Convenio Interinstitucional con la Gerencia General y la Administración Regional. Ocho puntos. Cinco días de plazo para el primer refuerzo presupuestario. Hoy, ese plazo venció y, según los firmantes, ninguno de los ocho compromisos se cumplió.
«De los ocho compromisos asumidos para levantar la huelga, ninguno se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la verdad. Ninguno se ha cumplido», declaró Romay en entrevista, al confirmar que este viernes se reunieron nuevamente los sectores movilizados —esta vez sin la presencia del gerente— para constatar el incumplimiento.
El convenio incumplido
El documento firmado el 29 de junio compromete a la Gerencia General a: garantizar dotación continua de medicamentos e insumos de laboratorio y enfermería; ejecutar un refuerzo presupuestario en cinco días; definir ante la Unidad Jurídica Nacional si la Regional Santa Cruz puede nombrar su propio RPC (Responsable del Proceso de Contratación); avanzar en la descentralización presupuestaria; aprobar el POA y presupuesto 2027; y priorizar reembolsos pendientes a pacientes oncológicos y nefrópatas.
Según Romay, tras la reunión de este viernes se convocó al administrador regional en las oficinas de la avenida Ballivián, con presencia de la asesora jurídica y un representante financiero enviado desde La Paz. «Quiero que yo… (hacer) la denuncia, para que ni usted se implique. ¡Yo!, porque ellos me conocen», afirmó, asumiendo personalmente la responsabilidad pública de la acusación.
«¿Quién es el ladrón?»
El punto más duro de la entrevista es una acusación directa de desvío de recursos, formulada por Romay ante los propios directivos de la CNS Regional: «Aquí, pueden llorar, pueden rasgarse, pueden gritar, pueden crucificarse, porque querían escribir… ¡No hay plata! Entonces, ¿Cuál es el problema? Saber quién es el ladrón.» Y agrega: «Aquí tenemos que descubrir quiénes son los ladrones. Y destapar la olla de grillos que hay aquí.»
La acusación no viene sola: Romay describe un patrón de insumos insuficientes que, según ella, se resuelve trasladando recursos entre unidades en lugar de ampliar el presupuesto real. Cita el caso de 80 sueros que «no duran ni un mes» y de solo cinco insumos de diálisis peritoneal entregados a pacientes oncológicos —de una lista mayor de necesitados— financiados, según su relato, con partidas sustraídas de otras unidades hospitalarias. «Cinco pueden vivir y el resto morir», resume. «Y ahora están sacando para comprar otros cinco. Entonces, eso no es una solución.»
El aporte que no dice «Caja Nacional»
Romay introduce un segundo frente de denuncia, más técnico: la diferencia entre las papeletas de descuento de maestros activos y pasivos. Según su indagación directa —dice haber revisado boletas en persona—, la papeleta del magisterio activo consigna la palabra genérica «descuento» sin especificar destino, mientras que la del pasivo sí detalla «Caja Nacional». La pregunta que plantea es dónde termina, entonces, el aporte de los activos: «¿Dónde está esa plata? ¿La tiene el gobierno o la tiene el centralismo, la gerencia? Que allá no les falta nada.»
Es una denuncia que, de confirmarse documentalmente, apuntaría a un problema de trazabilidad presupuestaria más que a un simple retraso administrativo.
Máquinas paradas, presupuesto recortado
Sobre electromedicina, la responsable de esa unidad le habría confirmado a Romay que el presupuesto de repuestos para 2025 fue recortado de una solicitud de 14 millones a una asignación de 6 millones de bolivianos, lo que —según su testimonio— explica que varias máquinas de hemodiálisis estén hoy fuera de servicio por falta de repuestos, obligando a recortar las horas de diálisis por paciente por debajo de la norma de cuatro horas.
Ítems médicos: el caso del equipo de trasplantes
Romay relata también la salida de un cirujano trasplantólogo (identificado por su apellido, Huanca) tras el vencimiento de su contrato, pese a haber armado desde cero el equipo de trasplantes de la CNS en menos de un año. Según su versión, otra institución le ofreció un ítem permanente y el profesional migró. Romay calificó el trato como discriminatorio y afirma haber intervenido directamente ante el administrador para lograr su recontratación; hoy, según indica, el profesional encabeza la naciente unidad de trasplantes de la CNS.
La saturación: 530 pacientes, un sistema centralizado
Romay cuantifica la población en diálisis en la Regional Santa Cruz en unos 530 pacientes: 250 atendidos en salas propias de la CNS y 200 derivados a centros privados contratados. Describe además el caso de pacientes que viajan desde Montero, e incluso desde zonas cercanas a Roboré, para dializar en Santa Cruz capital, pese a gestiones —según relata, personales— ante la dirección del hospital de Montero para instalar cuatro máquinas de hemodiálisis en esa ciudad, gestión que no prosperó por falta de presupuesto propio.
El reclamo de fondo: descentralización
El eje que atraviesa toda la denuncia es la centralización de la compra y distribución de medicamentos e insumos desde La Paz hacia las regionales. «Lo que hacen es comprar medicamentos aquí en Santa Cruz y llevar el remedio a La Paz y de La Paz vuelve aquí. Eso… porque muerden algo», sostiene Romay, reclamando que los aportes de la Regional Santa Cruz sean administrados directamente por la propia regional.
Presión social como palanca
En un pasaje adicional, Romay relata cómo la publicación de un video en TikTok mostrando el mal estado de los sillones de diálisis —con perforaciones que, según denuncia, fueron ocultadas al cambiar solo la tapicería sin resolver el problema estructural— generó en menos de 24 horas la asignación de un millón de bolivianos para comprar 20 sillones nuevos. Lo presenta como evidencia de que la exposición pública, más que el canal institucional, es lo que mueve la respuesta de la Caja.
La versión del hospital que atiende a los pacientes renales
Este medio se reunió de forma directa y personal con el Dr. Juan Tordoya, director del Hospital Materno Infantil y Nefrología, en su despacho, unidad que tiene a su cargo la atención directa de los pacientes renales afiliados a la CNS en Santa Cruz y que, por tanto, es la que enfrenta en el día a día las consecuencias del desabastecimiento denunciado por Romay.
Consultado directamente y en entrevista personal sobre el incumplimiento de los ocho puntos del convenio firmado el 29 de junio, Tordoya fue escueto: los compromisos incumplidos corresponden a la Gerencia Nacional de la CNS, y es a ella a quien corresponde responder por ellos.
La respuesta, aunque breve, es relevante por lo que confirma y por lo que evita: confirma, de parte de la autoridad hospitalaria que administra directamente a estos pacientes, que el incumplimiento no está en discusión; y evita —al remitir la responsabilidad exclusivamente a instancia nacional— pronunciarse sobre si esa falta de ejecución presupuestaria ha afectado o no la operación cotidiana del propio Hospital Materno Infantil y Nefrología.
Lo que queda establecido
Con el testimonio de Romay y la confirmación directa del director del Hospital Materno Infantil y Nefrología, dos fuentes independientes —una desde la trinchera de los pacientes, otra desde la autoridad hospitalaria— coinciden en un mismo punto: el convenio firmado el 29 de junio con la Gerencia General y la Administración Regional de la CNS no se ha cumplido, y la responsabilidad, según ambas voces, recae en la instancia nacional de la institución.
Queda pendiente, para la segunda entrega de esta nota, la versión de la Gerencia Nacional de la CNS y del administrador regional Johannes Gonzalo Soliz Torres, firmantes directos del convenio, bajo derecho a réplica.
NOTA DEL CRONISTA: Este texto recoge, de forma fiel, la declaración de una fuente identificada —presidenta de una asociación de pacientes con legitimidad para representar a su sector— sobre el incumplimiento de un convenio firmado y documentado. Las acusaciones de apropiación de recursos («ladrones») constituyen, hasta el momento, una denuncia verbal sin respaldo documental adjunto en esta entrevista, y se presentan como tales: como la posición y acusación directa de la entrevistada, no como hecho probado por este medio. Se entrevistó de forma directa y personal, en su despacho, al Dr. Juan Tordoya, director del Hospital Materno Infantil y Nefrología, cuya declaración verbal se incluye íntegramente en este artículo. La CNS Regional Santa Cruz y la Gerencia Nacional —incluido el administrador regional firmante del convenio— aún no han sido consultadas para esta entrega; su versión será buscada de forma directa para la segunda entrega de esta serie, bajo derecho a réplica.
Por: Óscar Guillermo Yanne Banegas – yannenews.blogspot.com
