Presupuesto General del Estado

Según el análisis del Secretario de Hacienda y Economía del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, José Luis Parada, de acuerdo a datos oficiales presentados por el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la Asamblea Plurinacional, en los últimos siete años (periodo 2006 – 2012), el Presupuesto General del Estado programó un ingreso y gasto de Bs. 665,633 millones, equivalente a $US. 95,090 millones.

“Este monto representa el gasto de 25 años de Gobiernos anteriores, o sea, se tiene un ingreso de 4 a 5 veces más, y la pregunta lógica es: ¿se benefició la población boliviana con cuatro  veces más Salud, cuatro veces más Educación, cuatro veces más Seguridad Ciudadana, cuatro veces más producción de Energía e Hidrocarburos?, y la respuesta la tiene el pueblo boliviano”, apunta Parada.

Asimismo explica que la publicidad del Gobierno en los últimos años, basada en estos datos, muestra una gran cantidad de plata en la economía y se generaron DERECHOS EXPECTATICIOS en los diferentes sectores que en este momento comienzan a reclamarlos y uno de los temas es la revisión de la Ley de Pensiones respecto a las jubilaciones, que en su momento fue una bandera política y los expertos observaron la sostenibilidad de la misma.

“Lastimosamente hasta la fecha no existe un informe oficial sobre la ejecución presupuestaria, manteniendo el formato de presentación del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Plurinacional y se tiene información parcializada y sectorial que en muchos casos distorsiona la fiscalización y evaluación del gasto”, añadió el secretario.

Los ingresos inscritos en el PGE 2004, alcanzaban la suma de Bs. 33,677 millones y por la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en  la Ley de Hidrocarburos, y la subida de los precios del barril de petróleo a nivel internacional, entre uno de los factores positivos, a partir del 2005 se observa un crecimiento de ingresos sostenido de casi 60% en 2008, con un monto de Bs. 80,554 millones

En 2010 se alcanza la suma de Bs. 111,449 millones y en 2012 sube a Bs. 145,943 millones programados, y se muestra que los ingresos entre 2005 y 2012 crecen 4 veces y el Gobierno de turno debería contar con los recursos para generar  proyectos de inversión que permitan mejorar el nivel de vida de los bolivianos y reducir la pobreza extrema que todavía es alta en el país.

Esta cantidad de plata programada no se ha visto en todos los años de vida independiente de Bolivia y se debe más que todo a un periodo excepcional de precios altos de materias primas y no así al reflejo de Políticas de Estado aplicadas en las Finanzas Públicas, que apoyen esta subida de ingresos y que puedan garantizar su sostenibilidad a mediano plazo.

Como los ingresos subieron rápidamente, en las diferentes instituciones públicas se incrementaron en la misma proporción, especialmente en el Gobierno Central, ya que además se comenzaron a crear varias Empresas Publicas Estratégicas de las cuales no se conocen los gastos en detalle, como también nuevos Ministerios, aumentando así la burocracia estatal.

El Régimen Económico y Financiero aplicado por el Gobierno en los últimos siete años, es más radical que el aplicado por los llamados Gobiernos neoliberales y sus medidas de confiscación de recursos a los Departamentos y distribución discrecional del gasto público, generó un desequilibrio entre las Entidades Territoriales Autónomas (Universidades, Municipios y Gobernaciones) y como ejemplo de esta “supercentralizacion” de fondos, se observa que en el Presupuesto General del Estado el Gobierno Central administra y gasta el 88% de los ingresos programados y tan solo el 12% se distribuyen a 360 Instituciones Autónomas.

Es por eso que la mayor responsabilidad en la ejecución de recursos financieros radica especialmente en el Gobierno Central y ante la falta de fiscalización, tanto por parte de la Asamblea Plurinacional y la Contraloría General del Estado, son muy pocas personas que conocen el destino y uso de $US. 95,90 millones y sería conveniente transparentar  y sincerar la información presupuestaria.

No se conoce si los montos presupuestados son reales o solo se reflejan en el documento oficial presentado a la Asamblea Plurinacional y la realidad es otra cuando se revisa la ejecución efectiva especialmente de Empresas Públicas Estratégicas y Ministerios, que administran la mayor cantidad de fondos inscritos en el PGE.

Este laberinto fiscal público de supuesta Bonanza Económica, en siete años generó Derechos Expectaticios en la población boliviana que lógicamente aumentó las demandas de los diferentes sectores, como es el caso de los mineros, médicos, fabriles, etc., básicamente centralizada en la Ley de Pensiones y porcentajes de jubilación, ante la discriminación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Es bueno conocer que estas Políticas Publicas involucran, incluyendo al sector privado formal, a tan solo un 35% al 40% de la Economía, ya que, la informalidad, que alcanza directamente un 60% a 65% de la economía nacional y no conoce ni sabe lo que es un aporte ni beneficios de fondo solidario, también se ve afectada directa e indirectamente por los bloqueos y demandas sociales.

Esta situación demuestra la crisis que estamos viviendo y que por el despilfarro de recursos por parte del Gobierno Central, exceso de publicidad y distorsión de la realidad, está creando  mayores demandas de solución efectivas en el corto plazo y no seguir esta carrera de promesas demagógicas que no llevan a buen puerto y lo único que hace es postergar los problemas de los diferentes sectores sociales.

GASTO PÚBLICO PROGRAMADO PERIODO 2006 – 2012

Como se puede observar el gasto programado alcanza a $US. 95,090 millones y los gastos de capital (inversiones) alcanzan un 17.4%, mientras aproximadamente el 82.6% se destina a Gastos corrientes, sueldos , salarios, gastos de operación.

Llama la atención que a pesar de tener 4 veces más dinero programado, los intereses de la deuda interna programada ascienden a Bs. 16,088 millones, lo cual demuestra un manejo discrecional de los recursos y deja dudas de la eficiencia y eficacia del Gasto Público, considerando los regulares índices de crecimiento económico, que son similares a los de gestiones de Gobierno pasadas.

Con este marco de referencia la responsabilidad y la solución a las principales demandas económicas y sociales está en el Gobierno Central y debería priorizar su accionar en negociar y transparentar las cifras presupuestarias y demostrar que su rechazo o aceptación tiene el sustento y viabilidad suficiente y no estar con discursos políticos que en nada benefician al país.