La vuelta de Tiranosaurio Rex
El Gobierno ha decido gastar 1.200 millones dólares de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. En un primer momento me entusiasmé con la idea de que estos recursos serían un impulso genuino al aparato productivo nacional, privado y público. Inclusive en un artículo anterior, en este mismo periódico, me tomé la libertad de sugerir algunas ideas de cómo administrar estos fondos y qué actividades impulsar. Pero la lectura del proyecto que crea el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) presentado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Plurinacional acabó con mi ingenua esperanza, de que se podría hacer algo realmente nuevo y creativo en materia de ingeniería financiera para impulsar una revolución productiva.
Lamentablemente, el Gobierno fiel a su tendencia a la necrofilia ideológica ha vuelto a una propuesta de gestión de estos recursos impregnado hasta los tuétanos de un viejo estatismo. Para muestra tan sólo un botón. Transcribo el Artículo 2 del referido proyecto: «Créase el Fondo para la Revolución Industrial Productiva, con el objeto de financiar las etapas de pre-inversión e inversión de emprendimientos económicos del nivel Central del Estado que generen excedentes. Los emprendimientos económicos referidos en el párrafo precedente estarán a cargo de entidades públicas, empresas públicas, empresas con participación mayoritaria del Estado, y/o emprendimientos conjuntos del nivel Central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Los emprendimientos económicos que financie el Finpro estarán orientados a la transformación de la matriz productiva y necesariamente incorporarán la etapa de industrialización de materias primas, así como de alimentos en el marco de la política de seguridad y soberanía alimentaria».
Antes de comentar el artículo en cuestión, debo manifestar con contundencia que soy un convencido de que, en los tiempos económicos que corren, el Estado tiene una función central en la economía y la implementación de políticas industriales, coordinando y cooperando con el sector privado y en ciertas ocasiones haciéndose cargo de la acción productiva. Pero el Artículo 2 del Proyecto de Ley muestra que el péndulo de la historia no tiene pasos intermedios. Después del neoliberalismo secante de los años 90, el péndulo retorna al otro extremo bajo la tutela de los neorevolucionarios, es la vuelta total del Estado Tiranosaurio Rex.
Según el proyecto de la Ley Finpro, los 1.200 millones de dólares se gastarán sólo en entidades o empresas públicas, o en emprendimiento donde el Estado tenga la mayoría y el control. Bajo esta redacción, todo el rollo de la economía plural queda en la poesía jurídica del cambio. Privados, cooperativas o economías comunitarias no verán un peso de esta montaña de plata.
Una redacción alternativa, para que este artículo salga del año 1950 y sea consistente con la propuesta de economía plural del propio Gobierno, podría ser: «Los emprendimientos económicos estarán a cargo de los actores del modelo de desarrollo propuesto la Constitución, a saber: 1) entidades públicas, empresas públicas, empresas con participación mayoritaria del Estado.
2) Sector privado, economías comunitarias y cooperativas vinculadas a temas productivos y que cumplan los requerimientos estratégicos de la política industrial. 3) Proyectos conjuntos entre los diferentes actores del modelo de desarrollo que aportan al aumento de la producción».
El Artículo 4 del Proyecto de Ley se refiere a la administración de los recursos y busca revivir la Gerencia de Desarrollo del BCB, pero determina que esta instancia sea totalmente dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Una alternativa sería que el BCB, en la administración de estos recursos, sea mucho más independiente y su conexión institucional sea con una Unidad que dependa directamente del Presidente. De esta manera, se daría señalización política clara sobre la importancia del cambio de la matriz industrial y se reforzaría un liderazgo productivo. Además, el Presidente debería apoyar su trabajo en el Consejo Económico, Productivo, Laboral y Social que está constituido por 21 instituciones de la sociedad civil. Es a este nivel que se identificaría «los emprendimientos económicos a ser financiados; únicamente se podrá considerar emprendimientos económicos que cuenten, al menos, con estudios de pre-factibilidad que concluyan que dichos emprendimientos se enmarcan en el objeto del Finpro», por supuesto, esta tarea debería contar con el apoyo técnico del otros órganos del ejecutivo (Ministerios de Planificación del Desarrollo, de Economía y Finanzas Públicas y Desarrollo Productivo y Economía Plural). La referencia para los proyectos debería ser el Plan de Desarrollo Económico y Social y las propuestas del Consejo.
Esperemos que en esta oportunidad la Asamblea Legislativa no apruebe la Ley Finpro sin antes realizar un amplio debate sobre el mejor uso de los 1.200 millones de dólares y no sea cómplice de revivir al Tiranosaurio Rex estatal. Aquí presentamos algunas ideas, pero ciertamente se debe oír a los actores productivos del país. Otro tema polémico es la devolución o no de estos recursos al Fondo. No podemos perder la oportunidad de realizar una verdadera revolución productiva con base en un nuevo tipo de acción estatal que se complemente con el sector privado, las unidades productivas tanto del campo como las ciudades.
Economista*
