Un ex funcionario confundido en su confusión
Susana Seleme Antelo
Gracias a la interpelación que me hace un exfuncionario público de alto rango, luego bajado de categoría, la ‘ciudadana Seleme’, como me llama, insiste en que Bolivia no es un Estado Autonómico. Lo afirmé en el artículo “La impotencia estatal para contener la Nación” (7º Día. 22.IV.18) sobre “la cuestión regional” y la descentralización, asignaturas pendientes en Bolivia.
La existencia de un Estado Autonómico, aunque está inscrito en la Constitución Política del Estado (CPE), como Estado Descentralizado con Autonomías, tendría que: i)haber roto el monopolio del Poder Legislativo Central, a favor de los órganos legislativos departamentales, que sí existen, ii)que las entidades territoriales no hubiesen sufrido confiscaciones para cumplir competencias exclusivas del gobierno central, iii)no pagar bonos a título de políticas redistributivas-clientelares del régimen, iv)no perder 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos: $us 250 millones, que antes se destinaban a salud, educación, caminos y seguridad ciudadana, v) no pagar Bs 21 millones para alimentación de presos y detenidos, y vi) que el régimen hubiese abordado la discusión honesta sobre el Pacto Fiscal, que hasta ahora esquiva. ¡Y toda esta política confiscatoria se da en la época de mayor bonanza económica de Bolivia!
Si el Estado centraliza el 80 % de los recursos y de la riqueza que genera el país, según informes del Ministerio de Economía, no hay autonomía posible, por mucho que esté inscrita en la CPE.
El Art. 272 de la misma, señala que las entidades territoriales autónomas tienen potestad para administrar sus recursos, que corrobora el Art. 5 de la Ley Marco de Autonomías. El Art. 305 de la CPE apunta a que toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de las fuentes económicas y financieras necesarias para su ejercicio. Y el Art. 403 garantiza que estos recursos no pueden ser confiscados por el Tesoro General de la Nación. En la práctica, la letra muerta de la Ley. Los ejemplos de confiscación de recursos y negativa de discutir un Pacto Fiscal son una realidad que no requiere adjetivos.
El conflicto actual sobre las regalías del reservorio gasífero de Incahuasi en el departamento de Santa Cruz, fronterizo con Chuquisaca, lo ha generado el régimen, como parte de “La incapacidad del Estado para contener la Nación”, diversa y con desarrollos asimétricos contundentes. Ese fue tema de mi artículo al que se refiere la ex autoridad de marras. Él agudizó la disputa cuando escribió (o le dictaron) una carta al Tribunal Constitucional (TC) en la que afirma que los límites entre ambos departamentos, que datan de 1898 y de 1912, son “referenciales”.
Esa carta desencadena el manoseo judicial de las autoridades del oficialismo: el gobernador de Chuquisaca, hombre mimado de Morales, pide nulidad de los límites “referenciales”, nulidad del estudio técnico que determinó que el reservorio de Incahuasi pertenece a Santa Cruz, nulidad del informe final y congelamiento de las cuentas de la gobernación cruceña, es decir cero regalías. Presenta el ‘paquete’ ante un juez de garantías que resultó ser un juez de familia, que, como el TC, son oficialistas: el poder judicial servil al poder político.
¿Dónde está la independencia de poderes? Sin esfuerzo podemos concluir que en Bolivia no existe. Esa es la cruda y dura verdad.
¿Cómo arreglará el régimen el entuerto que creó, generando falsas expectativas en un departamento con menor desarrollo relativo? Lo hizo a costa de la prudencia con que la gobernación de Santa Cruz, su gobernador, el opositor Rubén Costas y su equipo manejaron el problema. Pero también a costa de sus habitantes, varios de ellos chuquisaqueños. ¿Por qué el TC no rectificó su malintencionado error? Nada ni nadie es infalible. Salvo Dios para los creyentes.
Por límite de espacio, en mi artículo que provocó la respuesta del ex funcionario, cité solo a tres intelectuales para fundamentar mi opinión sobre la descentralización y la cuestión regional: el boliviano Ramiro Velasco, el peruano José Carlos Mariátegui y el español Ramón Peralta Martínez. Ahora le agregó más: el Memorándum de 1904, José Ortega y Gasset, Isaac Sandóval Rodríguez, José Luis Roca, Ramón de Vila Prado, entre otros.
Sí reafirmo que Bolivia no tiene un Estado Autonómico. Tiene un Estado-gobierno centralizador que aspira a un partido único, Morales dixit, machacando su naturaleza antidemocrática. Este es un Estado-gobierno que concentra todos los poderes del Estado, amén del militar, policial y algunos movimientos sociales. Es el ‘todopoder’ político del autócrata Morales. Pretende reproducir los regímenes de sus mentores caribeños, centralistas-leninistas, como todo proyecto político totalitario, sin independencia de poderes, sin Estado de Derecho, sin libertades y “para toda la vida”.
La exautoridad de marras está confundida. Pero la sociedad boliviana está más bien muy lúcida. Por eso dijo y dice NO a la re-re-re-re de Morales.
