Bolivia: los incendios que vuelven con fuerza en medio de la pandemia

El último reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) señala que desde que inició el presente año hasta el 24 de abril se registraron 3.587 focos de calor en el territorio boliviano. Es la cifra más alta que para esa fecha se ha registrado en los últimos diez años. Esto preocupa debido a que el año pasado el país sufrió una de las más grandes catástrofes incendiarias de su historia reciente, en la que millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego.

Otro factor de alarma es que este incremento en los focos de quema se da en el marco de la pandemia del coronavirus y en la consecuente situación de «distanciamiento social» que vive el país, lo que dificulta dar una respuesta apropiada desde el Estado y la sociedad civil. Diversos colectivos e instituciones vienen cuestionado el accionar del gobierno y relacionan los incendios con el modelo agroindustrial.

Un retorno agresivo de los focos de quema

Para el 24 de abril de 2019 los focos de calor acumulados desde el 1 de enero de ese año eran 2.825. Para este año esa cifra se incrementó en casi un 24%, lo que demuestra que Bolivia está entrando a un nuevo ciclo de incendios que se corresponde con la época seca y de calor. Los datos de este año, los peores de la última década, anuncian una nueva catástrofe ambiental.

Según el mismo documento del MMAyA, solo entre el 1 y el 24 de abril se produjeron 2.648 focos de calor, de los cuales 1.832 están Santa Cruz, 454 en Beni, 151 en La Paz, 128 en Cochabamba, 44 en Tarija y el resto en los otros departamentos. Es decir, entre Santa Cruz y Beni aglutinan el 86% del total de los focos de quema que existen en el país.

El investigador Guillermo Villalobos, en un artículo publicado por la Fundación Solón, llama la atención sobre cómo se incrementaron los focos de calor «a pesar de la cuarentena nacional que está en vigencia desde el 22 de marzo, la misma que ha limitado la movilidad de las personas (…). ¿Cómo es que en una cuarentena nacional se sigan dando chaqueos de esta magnitud? ¿Cómo es que Santa Cruz, que es el departamento más golpeado por el covid-19, al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de focos de calor?».

En un informe más detallado (que considera datos hasta 21 de abril), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) establece que «del total de focos de quema registrados, 315 se concentran en 21 áreas protegidas y en 15 territorios indígenas en los tres departamentos».

Las principales áreas protegidas afectadas en Santa Cruz son: Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembiguasu, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis. En Beni: Área Natural de Manejo Integrado Pampas del Río Yacuma y el Área Natural de Manejo Integrado Santos Reyes. En La Paz: Parque Nacional Madidi, Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba y Reserva de la Biósfera, y el Territorio Indígena Pilón Lajas.

Los territorios indígenas que más focos de calor presentan son: el Territorio indígena Isoso y el Territorio indígena del pueblo Guarayo, en Santa Cruz. El Territorio indígena Cabineño y el Territorio indígena Cayubaba, en Beni. El territorio indígena Mosetenes y el territorio indígena Pailón Lajas, en La Paz.

Si bien el departamento de Tarija en el mes de abril tuvo 44 focos de calor, es llamativo que desde que inició el año hasta el 24 de abril, el departamento acumuló 292 registros de estos focos. Es el dato más elevado para este periodo de tiempo respecto a otros años, prácticamente cuadruplica el registro previo más alto que fue en 2018. Los focos de quema en el departamento se concentran en la provincia Gran Chaco.

Una estimación sencilla, realizada a partir de la relación del número de focos de calor que existen por año en el país con el número de focos de calor al inicio de esos mismos años, demuestra que existe una correlación directa entre ambas variables desde el año 2012.

Esto permite estimar que si para el 24 de abril de este año existían 3.587 focos de calor y de no mediar ninguna respuesta contundente, el 2020 podrían llegar a registrarse más de 103 mil focos de calor en el país. Un dato por demás preocupante si se considera que los 88 mil focos de calor registrados el pasado año derivaron en una catástrofe ambiental.

El fantasma de los incendios de 2019

En total se estima que el 2019 se incendiaron en todo el territorio boliviano 5,3 millones de hectáreas, una superficie similar al territorio que ocupa la república de Costa Rica.

Los principales departamentos afectados fueron Santa Cruz y Beni, donde se produjo el 94,5% de todos los incendios del país. Según datos del informe «Fuego en Santa Cruz» de la Fundación Tierra, en el departamento cruceño se quemaron más de 3,6 millones de hectáreas (9,6% de su territorio), entre pastizales y zonas boscosas, principalmente en la región de la Chiquitanía.

Esta fue una extensión inusitada, ya que sextuplicó las 619 mil hectáreas quemadas el año 2018. Se considera que fue el incendio forestal más grande del departamento cruceño en las últimas dos décadas.

En el caso del Beni, la extensión quemada fue de 1,1 millones de hectáreas. Una extensión que si bien está dentro los rangos históricos no deja de preocupar, más aún por la reciente aprobación del nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS), que considera convertir en cultivables más de 5 millones de hectáreas del departamento.

Como explica el mismo informe de la Fundación Tierra: «las consecuencias hubieran sido mucho mayores sin la intervención desplegada a lo largo del territorio cruceño para detener el avance del fuego». Este tipo de intervención, sin embargo, se ve profundamente limitada en el contexto de las restricciones de confinamiento que existen por la pandemia de la COVID-19.

Una asamblea contra las quemas

El 22 de abril se llevó a cabo de manera virtual la «Primera Asamblea Urgente por los Bosques Bolivia». En esta actividad autoconvocada, diversas instituciones, colectivos y activistas expresaron su preocupación por el acelerado incremento de focos de calor en las últimas semanas y, en general, por el modelo agrario que es el «camino a un nuevo ecocidio este año».

Entre las muchas intervenciones, el investigador del CEJIS, Leonardo Tamburini señaló que «las soluciones a la crisis pos-cuarentena van a ser más destrucción de bosques (…), la naturaleza es la que va a tener que pagar el costo de esta pandemia».

Por otro lado, la presidenta del TIPNIS, Juana Bejarano, haciendo referencia al nuevo Plan de Uso de Suelos del Beni señaló que ese documento «se elaboró entre cuatro paredes y cuando salió a la luz los pueblos indígenas no estuvieron de acuerdo».

En ese mismo sentido, la abogada y ambientalista del Colectivo Árbol, Eliana Torrico, explicó que «no ha habido ningún avance desde el anterior gobierno y en el gobierno de transición, respecto a las demandas ciudadanas (…) sobre la administración de nuestros recursos naturales y, sobre todo, el tema de los incendios».

También participó en la asamblea el asesor legal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Viceministerio de Medio Ambiente, Rodrigo Herrera. Este funcionario, haciendo referencia a la normativa que fomenta las actividades de quema, señaló que «la Dirección General de Biodiversidad ha emitido los informes técnico-jurídicos correspondientes por los cuales se sustenta técnicamente que es viable la suspensión o abrogación de estas normas».

Sin embargo, no se tienen más datos sobre esos informes y sobre porqué el Estado no ha dado viabilidad a las recomendaciones de esta dirección.

En el documento final de esta asamblea se establece que «pese a la cuarentena, la Primera Asamblea Urgente por los Bosques Bolivia logró congregar a un número importante de personas, lo que demuestra que para la lucha por la vida no hay límites ni barreras».

Asimismo, la asamblea lanzó la consigna: «»¡Cuarentena para los bosques frente a las quemas descontroladas!», haciendo una analogía con la situación de confinamiento en que se encuentra la población boliviana.

La normativa incendiaria

Las instituciones, colectivos y activistas que han encendido las alarmas sobre los focos de calor que amenazan al país, han señalado en reiteradas oportunidades que en el país existen «medias legales condescendientes con los desmontes y las quemas ilegales que fueron aprobadas a partir del año 2013».

Entre esta normativa está la Ley N° 337, de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques de 2013; la Ley N° 502, de ampliación del plazo y modificación a la Ley N° 337, de 2014; la Ley N° 739, de modificación de las leyes N°337 y N°502, de 2015; y la Ley N° 952, de 2017. Todas estas consideradas como leyes del «perdonazo» del desmonte ilegal.

En referencia a la normativa que permite directamente la quema se tiene la Ley N° 741, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades (…), del 2015; la Ley N° 1171, de uso y manejo racional de quemas, de 2019. Dentro de este paquete también está el D.S. N° 3973 que autoriza desmontes y quemas en el Beni, y el flamante PLUS-Beni.

Los incendios y el modelo agropecuario boliviano

Según una investigación de la economista Lykke Andersen: «la tasa de deforestación per cápita en Bolivia (198 m2/persona/año) es 12 veces más alta que el promedio mundial (16 m2/persona/año) y una de las más altas del mundo, por encima de los niveles de otros grandes países como Brasil (137 m2/persona/año), Indonesia (63 m2/persona/año), Malasia (109m2/persona/año) y China (14 m2 /persona/año)», y solo estaría por debajo de Zambia, Botswana y Sudán.

En Bolivia, la deforestación con propósitos agropecuarios es gestionada principalmente con incendios. El sociólogo Gonzalo Flores señala «que dado el alto costo de las máquinas [para deforestar], el método más empleado en todo el mundo es la combinación de roza (…) con anticipación a la época seca, y luego, incineración de la misma».

Al respecto, el pronunciamiento de la Fundación Tierra titulado «Abandonemos la agroindustria extractiva», del 3 de septiembre de 2019, señala lo siguiente: «Vamos a decir claro y fuerte. Los incendios forestales de la Chiquitanía y Amazonía boliviana tienen su origen en la expansión irracional de la frontera agropecuaria».

Este hecho permite entender que la propagación de los focos de calor tiene que ver con una dinámica expansiva e intencional del sector agroindustrial. Que a su vez se ha visto incentivada por las políticas «de desprotección de los bosques, cancelación de las sanciones y multas para la tala y la quema ilegal y autorizaciones de asentamientos administrados como un secreto de Estado», señala el informe de la Fundación Tierra.

Nota: para este reportaje se intentó contactar con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal para conocer la posición oficial del gobierno; sin embargo no se recibió respuesta.

Fuente: elpais.bo