Antonio Saravia
Todo afán de planificar centralmente el desarrollo de un país es ineficiente e inmoral. No hay excepciones. No importa si el plan está hecho por los mejores economistas que podamos contratar o por los políticos más honestos y bien intencionados que podamos elegir. Tratar de planificar el desarrollo de un país es como querer agarrar agua entre los dedos: no funciona.
Ludwig von Mises y Friedrich Hayek describieron el problema de la planificación central como el “problema del cálculo económico.” La idea esencial es que los gobiernos no poseen la información necesaria para determinar (calcular) qué se debe hacer o producir y cómo se deben coordinar las diferentes actividades económicas. Los gobiernos no saben lo que miles de productores, comerciantes y consumidores sí saben y descubren día a día de forma descentralizada para tomar sus decisiones.
Pero no solo los gobiernos no tienen la información, sino que además no tienen los incentivos a generarla o a usarla de forma eficiente. El productor, comerciante o consumidor arriesga su plata en cada una de las decisiones que toma y, por lo tanto, tiene incentivos muy fuertes a obtener y actualizar su información (¿Qué ofrece la competencia?, ¿Cuáles son las más recientes innovaciones? ¿Cuánto tardan los envíos?, ¿Cómo están cambiando los gustos de los importadores?, etc.). Los gobiernos no tienen esos incentivos por el simple hecho de que no es su plata la que está en juego. Y ahí es que la planificación central, además de ineficiente, termina siendo inmoral. Tratar de dirigir la economía sabiendo que no se tiene la información necesaria y usando, o poniendo en juego, la plata de terceros (los ciudadanos), es deshonesto.
Imagínese entonces lo que pasa cuando los que elaboran los planes centrales de desarrollo no son ni capacitados ni blancas palomitas (más bien suchas azules). La ineficiencia y la inmoralidad se multiplican exponencialmente. El reciente plan aprobado por el gobierno del MAS (Ley 1407 Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025: Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización de importaciones) es el mejor ejemplo.
El plan del MAS es un bodrio de malas ideas, mentiras y buenos deseos (de esos que pavimentan el camino al infierno). En las primeras 45 de las 61 páginas del plan, el MAS se dedica a revisar el pasado con el único afán de tirarse loas propias en base a cifras chuecas, descontextualizaciones, y omisiones garrafales. Para el MAS, todo lo que se hizo en 14 años fue una maravilla digna de los records Guinness. El despilfarro, la desinstitucionalización, la corrupción a mares, el incremento de la burocracia y las regulaciones, la deterioración de la justicia, los pésimos resultados en educación y salud, el incremento de la deuda fiscal, la caída de las RIN y el desprecio total a la inversión externa se quedan, por supuesto, debajo de la alfombra.
Las últimas 15 páginas de la ley describen el plan para los próximos cinco años. Y el plan es tan malo que es un alivio que no le hayan dedicado más páginas. Para empezar y desde el primer Eje, el plan pone en claro que el objetivo central para los próximos cinco años es garantizar el rol protagónico del Estado y avanzar en la redistribución del ingreso. Así de claro. Uno podría pasar de largo estas declaraciones entendiéndolas como rimbombancia para la galería, pero a medida que se revisa el plan se entiende que esto no es un saludo a la bandera. El objetivo del plan es muy transparente: el MAS quiere acercar a Bolivia cada vez más al socialismo definido de manera clásica como el control estatal de las decisiones de producción y de distribución. Para el MAS, el Estado (“anticolonialista, anticapitalista y antiimperialista”) debe ser el motor de la economía no solo a través de la “dinamización de la demanda interna” (que en el fondo significa gasto y déficit fiscal) sino también a través del direccionamiento del sector productivo.
El plan le permite al Estado dirigir la economía promoviendo la rancia y, hace ya mucho superada, idea de la “sustitución de importaciones.” De acuerdo al plan, el Estado impulsará aquellas industrias que “sustituyan importaciones, fortaleciendo el mercado interno y utilizando la mayor cantidad de insumos nacionales.” Esto es una locura. Es como si el cuento que la Cepal le vendió a Latinoamérica en los 60s y 70s nunca hubiera hecho crisis generando la década pérdida de los 80s. Es como si el MAS retrocediera hasta antes de ese experimento e ignorará las lecciones de la historia y la evidencia empírica. La sustitución de importaciones nunca funcionó porque ignora la ley fundamental del comercio internacional: un país debe producir aquello en lo que tiene ventaja comparativa. Pero es que ni siquiera era necesario aprender de la historia si eso representa mucho esfuerzo intelectual. Basta solo con ver el tremendo fracaso que significa producir computadoras en Bolivia (las Quipus) para comprender que es inaudito tratar de sustituir computadoras importadas cuando no se tiene ventaja comparativa en ello.
El plan también le permite al Estado dirigir la economía para generar “seguridad alimentaria con soberanía” o “profundizando la industrialización de recursos naturales.” Esto ya cruza todos los límites racionales. Un país no necesariamente asegura sus alimentos produciéndolos. Un país crece y consume más y mejores alimentos cuando genera riqueza usando su ventaja comparativa. Los alimentos se pueden, y se deben, importar si resulta más barato hacerlo. Los Emiratos Árabes o Japón o Alemania no se caracterizan por producir mucha comida, pero les aseguro que la tienen mucho más segura que nosotros. Lo mismo con la industrialización de recursos naturales. ¿Lo podemos hacer nosotros a un precio menor que la competencia? Si no es así, ¿porque insistir en industrializar solo por industrializar y tener algo bonito que poner en el plan?
¿Qué debemos hacer entonces? Pues dejar de planificar el desarrollo, sacar al Estado del medio (no hacerlo “protagónico” sino secundario) y devolverle esa responsabilidad al individuo. El único plan necesario es garantizar el respeto a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica reduciendo regulaciones, burocracia e impuestos. Punto. Ya después la gente decidirá en base a su información a qué dedicarse y en qué invertir. Solo así un país descubre sus ventajas comparativas y genera desarrollo de forma sostenida.
Antonio Saravia es PhD en economía