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Ministro Lima: «No hallará en mis declaraciones una opinión sobre culpabilidad o inocencia de Áñez»

El ministro de Justicia, Iván Lima, fue entrevistado este sábado en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio. La autoridad nacional se refirió al informe sobre el relator de la ONU, Diego García- Sayán y otros temas.

– La noticia más relevante de esta semana fue la radiografía realizada por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán con datos bastante preocupantes. Con la justicia como él la describe en ese informe, lo digo a título personal, parecería que viviéramos en una aldea tribal donde no sé cómo sobrevivimos con tanto problema en la justicia, ¿qué impresión tiene usted?

La impresión inicial es que la justicia tiene un estado que no es el mejor. Que en los últimos años ha avanzado muy poco en temas estructurales y también un diagnóstico que identifica aspectos que pueden solucionarse en muy corto plazo y otros en un tiempo que el relator define debe ser de consenso y de acuerdo para construir una política pública que va a ir más allá de ese período gubernamental.

Entre los temas que llaman la atención del informe, creo que el fundamental,  tiene que ver con el mandato del Relator que tiene que ver con la independencia. Un 47% de jueces transitorios. ¿qué hacemos ante eso cuando hay un escenario en el que tenemos demandas de esos jueces ante la CIDH?, tenemos un proceso para institucionalizarlos desde el Consejo de la Magistratura, y un reclamo ciudadano de que no están haciendo bien su trabajo.

La respuesta es que no es sólo uno de los tres ámbitos. Hay que cerrar el caso ante la comisión interamericana, en esta semana se ha promulgado la ley de los acuerdos de solución amistosa, yo creo que el eje es respetar muchos años para tener una solución al caso que enfrenta al Gobierno de Bolivia con los jueces del país que han sido separados de su cargo, hay que ver de llegar a una solución en el marco de esta nueva ley que nos permite hacerlo.

Lo segundo tiene fecha, el 15 de junio el Consejo de la Magistratura ha anunciado que inicia el proceso de institucionalizaciones, (del) 47% de jueces y, en el marco de la ley 898, emprenderemos un proceso de evaluación de todos los jueces. Creo que ese es el punto que a mi me parece fundamental. En la medida en que tengas al 100% de los jueces institucionalizados y con evaluación de desempeño permanente, lograrías tener un sistema independiente de cualquier poder fáctico, político, económico, estructural que pueda presentarse.  Creo que ese es el punto estructural que se tiene que dar este año.

Ahora bien, si ese es el punto fundamental, el de la independencia, y hay aspectos en los cuales trabajar, qué sentido tiene hacerlo únicamente para esos mil jueces iniciales o de primera instancia que tiene el país. Hay que hacerlo también para los 26 que terminan de definir el futuro de un proceso, de una familia, de una persona que están en Sucre, esos 26 altos magistrados, en opinión de García-Sayán van a ser elegidos el próximo año y no tenemos un proceso que sea satisfactorio por la experiencia de 2012 y 2017. Ese es otro punto estructural que merece un debate único y amplio.

García-Sayán ha recogido todas las propuestas, una incluye una reforma constitucional y el otro intuye la interpretación de la palabra sufragio universal. Esta segunda, que es a la que me adscribo, porque entiendo que no vamos a poder lograr una reforma constitucional hasta marzo o abril del próximo año, que es donde debemos iniciar ya un proceso de selección de los jueces y magistrados nos lleva a un tema estructural en el país y lo dice en el punto 124 del informe: se exhorta al gobierno de Bolivia a elegir al Defensor del Pueblo. Si no logramos un acuerdo nacional para elegirlo, no tendremos un futuro optimista para elegir al contralor y luego a esos 26 preseleccionados que vayan al sufragio universal, que el 2012 y 2017 fue electivo.

Ustedes para el TSJ eligieron entre cuatro destacados abogados cruceños, y para el TCP entre otros cuatro abogados. Ya no elegirían así, sino que en su voto ratificarían una decisión previa de la Asamblea. La pregunta sería: ¿usted aprueba el trabajo realizado por la Asamblea en el trabajo de preselección de los cargos judiciales en Sucre? Y el ciudadano tendría que responder sí o no.

Si resulta que la Asamblea hace un trabajo adecuado, con todos los estándares necesarios, y puede recibir la confianza de la gente, ganará el Sí. En cambio, si lo que resulta es que hay un cuoteo y se lleva gente que no es la del perfil adecuado para el cargo, seguramente que votará por el No. Y en ese modelo que le planteo, el voto nulo tendrá una significación. En 2012 y 2017, si hubo una gran cantidad de votos nulos, esto no ha tenido ningún impacto en la decisión final del TSE a tiempo de acreditar a los magistrados. Creo que esos son los dos temas grandes del informe.

Además de esto el informe presenta una serie de temas muy interesantes, pero estos son los más importantes.

– El relator ha puesto un fuerte acento en la injerencia política sobre el sistema de justicia en Bolivia y señaló como caso emblemático el proceso que se le sigue a la expresidente Jeanine Áñez, ¿qué comentarios tiene usted al respecto?

Hacer una consulta de precisión, ¿usted leyó el informe?, las dos páginas sobre injerencia, porque creo que no está diciendo lo correcto. En el punto de injerencia no habla de ese caso como el emblemático. Contrariamente señala el caso de Gaby Candia, la exalcaldesa de La Paz, refiere el caso de los magistrados del TCP destituidos y casos de jueces que está investigando en casos de Gobierno de Jeanine Áñez.

– ¿Para usted, señor ministro, no es emblemático el caso de Jeanine Áñez, en lo que se refiere a injerencia?

¿Estamos hablando del informe de García-Sayán o de mi opinión en general? Me parece que no ha leído el informe.

– Si me permite, en el capítulo en el que habla sobre Jeanine Áñez también habla sobre las detenciones preventivas abusivas que hay en el país. El informe y estas detenciones preventivas se pueden asociar a la injerencia.

Son otros aspectos los que tenemos que analizar. El informe dice que el 71% de los privados de libertad están con detención preventiva que el relator califica en términos de preocupación porque es un porcentaje muy alto en la región, pero también señala que hubo un esfuerzo muy importante del país en mejorar el aspecto referido a esta temática. La ley 1173 es una muestra. El relator también precisa, y lo hablamos detenidamente, sobre lo que significó la abrogación del Código del Sistema Penal. Si hay una norma que habría permitido que esta situación que se está viviendo de crisis con respecto a la detención preventiva se mejore, era ese código del sistema penal que quedó abrogado por razones de naturaleza política. Se ha planteado en base el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) la necesidad de mejorar el sistema penal. No sólo con una norma, es un tema estructural.

– Indudablemente, pero le pido un diálogo bien sincero, ¿no hay ninguna autocrítica?, estamos viviendo en un país gobernado por el MAS hace más de 15 años, con un año de pausa. En  el informe hay otros aspectos que no tendrían que haberse resuelto con una cumbre política y un acuerdo nacional necesariamente. Por ejemplo, el relator observa la designación de fiscales, e insinúa que es ilegal porque no cumple lo que está establecido. Ahí interviene directamente el Gobierno, porque el Ministerio Público depende del Gobierno, no del Poder Judicial. El tema de presupuesto que no llega al 0,5% del PGE con una bicefalía en el manejo de esos recursos, pero que además deja unos jueces muy mal pagados y sometidos a todo tipo de injerencia. Habla de hacinamiento en los penales del país, donde la población triplica la capacidad de estos penales. De las opiniones de autoridades del gobierno en temas judiciales, en procesos abiertos y además, exhorta al Gobierno que no opine y llama la atención que lo primero que usted ha hecho al día siguiente es opinar sobre el caso Jeanine Áñez, como si fuera el portavoz del TCP para pedir un juicio. Pidió una ley de acceso a la información, que está en proyecto desde que Carlos Mesa era presidente y que hasta ahora no se aprueba. Hablamos de que no hay suficientes defensores públicos. Todos estos temas puntales podrían ser resueltos si habría una real voluntad política de mejorar las condiciones en las que se hace justicia en el país, pero nada de eso ocurrió en tres lustros de gobierno del MAS. ¿Hay alguna autocrítica respecto a lo que pudo haberse hecho y no se hizo?

Le exhorto, usted es una de las mejores periodistas del país. Decir que el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo es algo inaceptable en el nivel del diálogo que estamos llevando. Institucionalmente, el órgano que representa al Ministerio Público es el fiscal general, se reconoce constitucionalmente como un extrapoder, no depende del Poder Ejecutivo. El fiscal general cabeza del Ministerio Público, se elige por dos tercios de votos y no tiene relación con el Órgano Ejecutivo, se elige por la Asamblea Legislativa.

Lo que se ha hecho en el marco de la comisión de la Ley 898 es iniciar un proceso de selección de los fiscales. En Santa Cruz se ha llegado a un nivel de selección de 2 a 3 fiscales, tres candidatos a Fiscal Departamental y el proceso se ha declarado desierto. Me parece que la institucionalización del Ministerio Público, que es lo que decía García-Sayán debe continuar.

El presupuesto es un problema estructural en un país, y más en el nuestro, donde hay un 0,5%, donde hay que señalar que el incremento en estos 14 años que plantea ha sido drástico. Hemos pasado de Bs 200 millones el 2005 a 2006, a tener un presupuesto que pasa los Bs 1.400 millones en 2021. Esto no es suficiente, pero la gran contradicción es que hubo solamente una ejecución del 80%. Y ahí me parece correcta su apreciación, no está bien que tengamos una Dirección Administrativa y Financiera en el Órgano Judicial, el Tribunal Supremo, y un Consejo de la Magistratura que constitucionalmente tiene que administrar los recursos. Se respeta la institucionalidad en ese caso, le pedimos al Contralor que realice una auditoría que está en curso de conclusión, son más de 800 páginas de su informe sobre su estructura administrativa que tiene que terminar ya, esperamos antes de que él deje el cargo en julio, con conclusiones de responsabilidad respecto al manejo administrativo del presupuesto.

La cantidad de privados de libertad también nos preocupa a todos. La solución no es abrir más cárceles, hay que buscar alternativas a la detención preventiva. El BOL-110 y el trabajo Ministerio de Gobierno está enmarcado en buscar el uso intensivo de manillas electrónicas para determinar los casos.

Lo siguiente es concentrarnos en que la detención preventiva sí cumpla un fin de protección a las víctimas. No parece correcto ponerle manilla a una persona acusada de delitos de violencia, de delitos graves o de riesgo de fuga y obstaculización del proceso. Habrá un grupo de personas que tiene que permanecer en detención. Pero no parece razonable mantener en detención a personas que pueden utilizar medios alternativos a la detención y es lo que se trabaja.

Desde 1999, el Código de Procedimiento Penal hasta ahora, lo que hubo es un proceso progresivo de mejora respecto a la detención preventiva que no ha sido suficiente y que requiere una decisión drástica, una decisión de principio de inocencia y una visión de país, que no es solamente de Gobierno. Yo veo que la mayoría de los temas en la sociedad que implican presentar a los aprehendidos siendo culpables tiene que ser cambiado, y ese es otro debate.

– ¿El principio de inocencia nos permite ponerle un cartel de aprehendido y exhibir a los ciudadanos?

Lo que les puedo decir es que el 296 inciso 4 del procedimiento penal nos dice que no. Entonces, es responsabilidad compartida entre las autoridades que lo hacen y los medios que lo difunden.

– Subrayaba que esto de exhibir a los detenidos se lo hace en la Policía, lo hace el Ministro de Gobierno habitualmente y si llaman a conferencia de prensa para exhibirlos a los detenidos no me parece que haya que culpar a los medios de comunicación, ¿no?

Lo que señalé es que hay una norma, 296 inciso 4 y una CPE que señala el principio de inocencia. El Ministro de Justicia es el ámbito de intervención. Cada ministro va a presentar sus argumentos, sus razones, y también los medios como señala, de hacer la cobertura cuando se les convoca. Es un tema de reflexión. La detención preventiva no marca la responsabilidad de ninguna persona, marca una medida procesal para lograr que el proceso culmine. Lo que tenemos que hacer que ese porcentaje baje. En 2005 a 2006 teníamos un promedio de 5 mil a 6 mil privados de libertad, 71% con detención preventiva. Hoy estamos bordeando los 18 mil. Ese drástico incremento es lo que parece un drástico abuso de la detención preventiva en general esto se soluciona con dos medidas, una normativa, que es la ley de enjuiciamiento penal, el nombre que le dimos al proyecto que estamos trabajando ahora y recupera muchos elementos del abrogado código del sistema penal.

La sociedad pide detención preventiva porque no hay sentencias. El sistema penal tiene 300 mil juicios todos los años, y apenas 300 a 400 sentencias. Hay un nivel de impunidad estructural muy fuerte como para pensar que se hacen bien las cosas.

– Es llamativo que coincida que muchos de los líderes, dirigentes o políticos opositores se sabe que automáticamente van a tener detención preventiva a diferencia de lo que pasa con políticos del oficialismo, ¿ahí también hay un abuso de la detención preventiva?

Creo que tenemos que ser un poco más concretos en la práctica de los datos, la coyuntura, las cifras. Pensar que el exministro (de Desarrollo Rural) Edwin Characayo sea un político opositor no es pertinente, es del MAS y fue detenido preventivamente. Puedo darle varios ejemplos de políticos de la oposición que no están con preventiva.

-No tengo las cifras, pero si ponemos en una balanza, la más pesada sería la de los opositores con detención preventiva. No digo que no hayan masistas.

Yo le diría que en la balanza están los pobres a un lado, y las personas ricas al otro lado. Mire, de los 18 mil privados de libertad, cuando vea un perfil y le invito a que hablemos profundamente de quiénes están en las cárceles, encontrará personas del área rural, personas que no tienen un nivel universitario de formación, que tienen condiciones de pobreza, y del otro lado, en el ámbito de las personas con recursos, con dinero que han tenido la capacidad de presentar una defensa penal adecuada no va a encontrar muchas personas.

No podemos generalizar en ningún caso, creo que es mucho más complejo.

Hay un punto del informe en el que el relator exhorta a las autoridades del Ejecutivo a no opinar sobre procesos judiciales abiertos, eso es muy contundente, y llama la atención que al día siguiente que se presenta el informe usted da a conocer el tema de Jeanine Áñez, y pide una sentencia, una opinión en contraflecha de lo que había sugerido el relator.

No me ha permitido contestar a sus preguntas anteriores, porque usted me cambia de tema, creo que era oportuno hacerlo.

No le estoy cambiando de tema, forma parte de lo que formulé en principio.

El tema es éste. El GIEI emitió esa conclusión hace más de un año atrás. Y esta conclusión la recoge García-Sayán y es muy contundente. Lamenta que luego de dos años, las víctimas de Sacaba y Senkata, le diría que son las entrevistas que más impresión le causaron, de las que más comentamos porque tuvimos reuniones anteriores y posteriores no tengan justicia.

Lo que más le impactó (al relator) fueron las reuniones que tuvo con las madres, con las viudas y las familias afectadas por la muerte de 36 bolivianos, fruto de un golpe de Estado que ha ocurrido en este país y que ha determinado que hayan muertos consecuencia de una estructura de poder social, mediático y político que consolidó un golpe de Estado en este país.

Esta situación que es la que el relator plantea como el núcleo de su idea principal. Es decir, que en dos años es inadmisible que las víctimas no tengan justicia, la matiza y la refleja en una voluntad política clara del Gobierno de pedir memoria, verdad y justicia para las víctimas. En ese contexto hay una serie de temas que García-Sayán y el GIEI señalan con precisión que el Estado Plurinacional de Bolivia debe lograr esa garantía de memoria, verdad y justicia, porque es un compromiso internacional. Llama la atención que no se haya iniciado un juicio de responsabilidades por las masacres sangrientas. Porque Sacaba, Senkata y la intervención del decreto supremo de la muerte 4078 no están en juicio, ese es el contexto real. Que luego se matice, se quite palabras a esta situación es otro aspecto.

– Yo no estoy matizando, el informe exhorta a autoridades del gobierno a no pronunciarse sobre procesos judiciales

Recibí la consulta de uno de sus colegas sobre la situación de Jeanine Áñez con relación al Tribunal Constitucional y la acción concreta de inconstitucional que presentó ella en relación a dos delitos y en esa conferencia de prensa lo que señalé es que el TCP ha rechazado las dos acciones, los dos pedidos realizados en la acción concreta de inconstitucionalidad. Usted puede ver las horas, fue alrededor de las 17:00 y 17:30 de la tarde, y este tema hay que dejarlo muy claro, el TCP notificó esa sentencia a las 16:07, por lo cual los medios de la ciudad de Sucre comenzaron a difundir el texto inclusive del documento alrededor de las 17:00. Esta situación, que luego se trata de magnificar y distorsionar tiene una relevancia que me parece fundamental, que es el principio de publicidad.

Si en un caso que es tan emblemático como este la población no conoce los alcances de las decisiones y cómo funciona el procedimiento se puede llegar a dar una distorsión como la que usted plantea. Hay que aclarar y precisar. Si usted revisa la entrevista, las veces que me he manifestado sobre este tema he informado sobre un hecho, el rechazo de dos acciones de inconstitucional y di un juicio de valor, que me parece que es una chicana, una irresponsabilidad, porque no le puedes pedir al TCP que expulse del ordenamiento jurídico dos delitos de tal relevancia. El incumplimiento de deberes está para proteger al ciudadano del abuso del funcionario público, para cuidar al ciudadano cuando una autoridad emite una resolución contraria a la CPE. El haberle pedido eso al TCP me parece una chicana y un exceso total.

Como resultado de esa decisión del TCP, lo que corresponde es lo que yo he contestado, y lo que me han preguntado los periodistas. Lo repito, esa acción de inconstitucionalidad se resolvió y lo que corresponde es que el que el tribunal instale nuevamente el juicio y en el marco de un debido proceso, preservando la independencia de ese tribunal al cual no vamos a influir de ninguna manera ni siquiera en esta entrevista, dicte una sentencia.

Lo que he descrito es un procedimiento, lo que usted no va a encontrar en mis declaraciones una opinión sobre culpabilidad o inocencia de Jeanine Áñez, sino una descripción de los hechos y una explicación de lo que va a pasar en un proceso porque soy Ministro de Justicia y tengo la obligación de explicar lo que ocurre. Felizmente no todos son abogados en este país, sólo 84 mil lo somos.

Ministro, pero decir que es una chicana, ¿no es una opinión?, ¿no es un juicio de valor?

Es una opinión sobre la forma en la que procede la defensa de Áñez, no es una opinión sobre la culpabilidad o inocencia, que es el argumento y el principio que tiene el relator.

-Es una opinión sobre el proceso ministro.

Lo que debo exhortarles es que puedan referirse a los documentos que regulan el trabajo del relator de independencia, y en general al principio de independencia, los principios que regula el trabajo de los ministros de justicia, de las autoridades judiciales, y esa regla de que los jueces hablan por su sentencia ha quedado descartada. Los jueces y las autoridades de justicia tienen que hablarle a la gente, explicarle sobre los casos, sobre lo que está ocurriendo. Los principios que regulan la no intervención sobre culpabilidad o inocencia son otros. Los que tienen que ver con la manera en la que debe actuar la justicia están protegidos por el principio de publicidad.

– ¿Hay alguna autocrítica en el Gobierno del MAS por el estado actual de la justicia, sobre las cosas que pudieron haber hecho y no hicieron?

Yo creo que lo fundamental en este momento tiene que ver con la crisis profunda del sistema judicial. Definitivamente la elección de jueces por voto popular el año 2009 no fue la mejor decisión y por eso hay que ver de mejorarla en el ámbito que tenemos de la CPE y la ley.

Una profunda autocrítica en el MAS es haber demorado tanto en darle justicia a las víctimas de Sacaba, Senkata y del país. La justicia en estos dos años, si bien hay detenciones, procesos en curso, debió avanzar con mayor celeridad, como nos exhorta García-Sayán. Creo que esos son los puntos de autocrítica.

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