La Paz, 5 nov (EFE).- La región boliviana de Santa Cruz cumple 15 días de una huelga ciudadana que reclama que el censo de población se realice en 2023 con un Gobierno urgido por resolver el conflicto antes de que escale a otros territorios y continúe la afectación a la economía provocada también por el cerco de sectores oficialistas a ese departamento, motor económico del país.
En julio de 2021, el Gobierno de Luis Arce anunció que la consulta nacional sería este próximo 16 de noviembre y que era una «prioridad nacional».
Un año después lo aplazó a 2024 alegando razones técnicas, lo que desató la protesta sobre todo de Santa Cruz, que cumplió huelgas de 24 y 48 horas antes de ir al paro indefinido desde el pasado 22 de octubre.
Santa Cruz ha insistido con la realización de la encuesta porque de ella dependen aspectos como una nueva distribución de recursos y la asignación de cuotas de representación política en el Parlamento.
El Gobierno argumenta que el censo en 2024 garantizará la calidad de los resultados y considera que las protestas cruceñas son «aventuras golpistas» como, a juicio del oficialismo, ocurrió en 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
El investigador social Carlos Hugo Molina dijo a EFE que ambos conflictos no tienen comparación, pues el de 2019 era «una crisis de Estado porque estaba en duda la fe del Estado en unas elecciones que habían sido calificadas de fraudulentas», mientras que el problema actual «se resuelve simplemente con la realización oportuna y útil del censo».
Estos datos, indicó Molina, son necesarios porque el país se sigue manejando con los de la consulta de 2012 y desde entonces el mundo y «Bolivia en particular» han atravesado por una crisis económica desde 2015 y una pandemia en 2020.
Para poner esto en contexto, explicó que en 1950 el 74 % de la población boliviana se concentraba en el área rural y el 26 % en el área urbana, mientras que la proyección actual señala que el 75 % vive en las ciudades y el 25 % en el campo.
«Esta es una de las razones que están impidiendo la realización pacífica del censo porque va a significar que tengamos que aceptar una realidad que es distinta a la del discurso», sostuvo.
Para Molina, Santa Cruz no es «el urgido» de que se realice la encuesta, pues su pujanza económica se dio y continuará «sin censo», pero hay otros territorios con «graves problemas migratorios» que sí deberían verla como una necesidad.
El experto consideró que el Gobierno «está urgido» de resolver el conflicto ante las amenazas desde otras regiones de sumarse a la huelga desde el lunes y por ello decidió instalar la comisión técnica que fijará la fecha definitiva del empadronamiento.
HUELGA, CERCO Y ECONOMÍA
Otro aspecto que ha marcado el conflicto es el «cerco» iniciado por sectores oficialistas para romper la huelga.
Autoridades como el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justifican que el cerco fue una «respuesta de los sectores populares» ante la «falta de ética de las élites empresariales y cívicas» cruceñas, que supuestamente no cumplen el paro, pero exigen que el resto lo haga.
Montenegro también ha advertido que en 14 días de huelga se produjo un daño económico por más de 500 millones de dólares, del que responsabilizó únicamente al gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho.
Gina Baldivieso
