Hay momentos en que una consigna no solo empobrece el debate, sino que borra el sufrimiento humano que debería estar en el centro de cualquier conversación honesta. Eso ocurre cuando la tragedia venezolana se reduce a una frase cómoda: “Estados Unidos quiere petróleo”.
Más de ocho millones de venezolanos se vieron obligados a abandonar su país. Ocho millones. Para dimensionarlo sin exagerar: es casi como si toda Honduras hubiera tenido que irse al exilio. Familias separadas, profesionales expulsados, niños creciendo sin país. Ese éxodo no ocurrió por un capricho externo, sino porque el Estado colapsó y la vida cotidiana se volvió inviable.
La tragedia se entiende mejor con una imagen concreta. Un profesional venezolano, ingeniero, médico, profesor universitario, hoy lava platos en Miami y envía remesas para sostener a un familiar que quedó atrás. A veces ese familiar es un científico o investigador que sigue en Venezuela, atrapado en un país donde el conocimiento ya no paga ni la comida. El que limpia mesas en el exterior mantiene al que piensa en su propio país. Esa inversión moral invertida no la provoca ninguna petrolera: la provoca un Estado que destruyó el valor del trabajo, del saber y de la dignidad.
Para entender cómo se llegó a esto, hay que volver a los hechos y a la historia, no a las consignas. El petróleo venezolano es venezolano, nadie lo discute. Pero la industria petrolera venezolana no nació sola ni por decreto. Fue construida desde principios del siglo XX con capital, tecnología, ingeniería, logística y acceso a mercados aportados principalmente por Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. Taladros, refinerías, oleoductos, puertos, flotas, ingenieros y geólogos llegaron desde esos países cuando Venezuela no tenía capacidad técnica ni financiera para hacerlo por sí sola. Ese fue el modelo estándar de desarrollo petrolero del siglo XX.
Durante más de medio siglo, Estados Unidos fue el principal comprador del petróleo venezolano. No por conspiración, sino por lógica económica. En los años setenta, Venezuela producía alrededor de 3.5 millones de barriles diarios, equivalentes a 147 millones de galones al día. Esa escala sostenía una economía funcional, con clase media, servicios operativos y movilidad social real.
En 1976, Venezuela nacionalizó la industria y creó PDVSA. Nacionalizar no fue un error en sí mismo. Funcionó mientras se respetaron la técnica, la meritocracia y la reinversión. Prueba de ello es que en 1986 PDVSA adquirió el control de CITGO, una empresa estadounidense, con refinerías y redes de distribución en Estados Unidos. Venezuela no era una colonia saqueada: operaba dentro del mercado energético norteamericano, generando decenas de miles de empleos allá y más de cien mil empleos directos en Venezuela.
El quiebre fue interno. Primero malas decisiones, luego endeudamiento irresponsable y, finalmente, un proyecto político que confundió soberanía con control absoluto. Con Hugo Chávez, PDVSA dejó de ser empresa y pasó a ser instrumento político. Tras 2002–2003, más de 18,000 trabajadores calificados fueron despedidos; la técnica fue reemplazada por lealtad ideológica. La empresa dejó de reinvertir y comenzó a financiar poder.
El colapso institucional fue completo. Se destruyó la independencia del Banco Central, se impusieron controles, se manipularon estadísticas y se aniquiló la seguridad jurídica. Entre Chávez y Maduro hubo más de 1,200 expropiaciones. La inversión huyó.
La producción petrolera se desplomó: de 3.5 millones de barriles diarios a poco más de 1 millón, una caída cercana al 70 %. El PIB se redujo a una fracción y la moneda perdió prácticamente todo su valor tras múltiples redenominaciones.
Aquí es donde la consigna se cae por su propio peso. La mayor parte del crudo venezolano, especialmente el de la Faja del Orinoco, es pesado y extra-pesado, con baja gravedad API, alta viscosidad y elevados contenidos de azufre y metales. No fluye ni se refina fácilmente. Para moverlo hay que diluirlo con crudos livianos que hoy Venezuela no produce en cantidad, y para procesarlo se requieren refinerías de conversión profunda, coquización (proceso industrial de refinería que se usa para romper petróleo muy pesado) hidrotratamiento, instalaciones costosas y complejas. En términos simples: no es petróleo que se saca, se vende y listo. Exige inversiones multimillonarias y años para ser rentable. Por eso el mercado lo castiga con descuentos frente a crudos ligeros como el WTI (West Texas Intermediate) o el Brent. Si el interés fuera una ganancia inmediata y sencilla, había, y hay, opciones mucho mejores.
En ese contexto se entiende la etapa de Juan Guaidó. En 2019 fue reconocido por más de cincuenta países como presidente encargado, lo que aisló internacionalmente al régimen y dejó claro que no había normalidad democrática. Pero el reconocimiento externo no se tradujo en poder interno: el aparato represivo siguió intacto. La lección fue clara: los símbolos y el respaldo internacional no bastan frente a un poder sostenido por la fuerza.
A la ruina económica se sumó la represión. Hoy hay cientos de presos políticos y miles de detenciones arbitrarias. Pensar distinto se volvió peligroso. Por eso María Corina Machado tuvo que esconderse; por eso Edmundo González Urrutia, reconocido por varios países como presidente electo, terminó en el exilio. No es casualidad: es método.
En ese marco, Honduras otorgó a Maduro la Orden Francisco Morazán, el máximo honor del Estado. No es un trámite menor: es una señal política. Se explica por el alineamiento heredado desde la época de Manuel Zelaya con el proyecto de Chávez y el bloque que luego continuó Maduro. Defender personas por afinidad ideológica, y no por méritos o resultados, degrada el sentido de los honores nacionales.
La incoherencia final es evidente. Muchos de los que hoy gritan “imperialismo” aplaudieron cuando Estados Unidos extraditó a un expresidente hondureño acusado de narcotráfico. Entonces no hubo discursos sobre soberanía. La indignación cambió según el color ideológico.
Cuando un país obliga a sus líderes opositores a esconderse, a su presidente electo a exiliarse y a cientos de ciudadanos a la cárcel solo por pensar distinto, el debate deja de ser ideológico. Ya no se trata de izquierda o derecha, ni de geopolítica, ni de petróleo. Se trata de poder sin límites.
Un poder que necesita cárceles para callar, clandestinidad para sobrevivir y exilio para gobernar no se sostiene por legitimidad, sino por miedo.
Las consignas tranquilizan conciencias.
Los hechos honran a las víctimas.
Fernando Fortín M.
