Fuente: Eju.tv
La población penitenciaria en el país creció en 73% en 10 años al pasar de 14.415 a 24.913 privados de libertad, ocasionando cada vez mayor hacinamiento en las cárceles con mayores derechos vulnerados.
Para juristas y activistas de derechos humanos las razones para que las cárceles estén cada día más llenas tienen que ver con una justicia y funcionarios judiciales politizados, la deficiente formación con la que cuentan y el desmesurado aumento de la corrupción.
“Existe una gran politización de la justicia, es decir, lo podemos decir con solvencia moral suficiente, los jueces y los fiscales no son jueces ni fiscales jurídicos, son jueces y fiscales políticos porque están sentados en esos puestos o han asumido esos puestos por favores políticos”, dijo a ANF el abogado penalista Jorge Quiroz.
En el mismo sentido, la vicepresidenta de la Asamblea de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, señaló que la administración de Justicia a través de los operadores actuales “básicamente están respondiendo a líneas más políticas que a líneas de buscar justicia”.
“No se está aplicando la ley en todo este marco del Estado de Derecho, por lo tanto, se ha generado a nivel de nuestro país una suerte de actuación desde lo que significa la recepción de la denuncia, la identificación del delito y a todo el proceso jurídico de condena y la excepción que era la detención preventiva se han constituido en una norma”, dijo la activista a ANF.
En una visita realizada en marzo a las cárceles, la Defensoría del Pueblo encontró deficiencias y limitaciones en la atención médica en los centros penitenciarios del país, confirmó los datos de hacinamiento penitenciario y verificó la falta de personal policial, factores indirectos que permiten que ocurran fallecimientos en centros de custodia estatal.
El hacinamiento se convierte en caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, peleas, consumo de droga y alcohol, corrupción administrativa y abusos de los más fuertes al no existir clasificación por delitos, lo que genera un ambiente adverso y vulnerador de los derechos humanos de los privados de libertad.
“No puede ser que haya un trato inhumano y tan degradante en las cárceles, nosotros como activistas de derechos humanos hemos visitado muchas de ellas y pese a las notas y a las cartas y pronunciamientos que se han hecho es como golpearse contra una pared, y no solo es en instancias de gobierno, sino que hay actores a los cuales esta situación adversa para los privados de libertad les es rentable y prefieren mantener este sistema”, remarcó Herrera
Esto implica, indicó, que básicamente estamos en un alto nivel de crisis en el tema de Justicia en Bolivia que está dejando en “indefensión y en estado de vulnerabilidad a toda la población litigante”.
Quiroz identificó en la extrema corrupción otro factor para el incremento de la población penitenciaria. “La corrupción dentro de la justicia ha calado a un nivel espantoso, en estos momentos, todo acto jurisdiccional seas culpable o no tiene costos, y eso es muy, pero muy lamentable”.
“La criminalización de los actos, tanto de la población como de los políticos, es tan abusiva, pero tan abusiva que genera una gran concentración de personas en las cárceles -dijo Quiroz-, y, por otro lado, está el bajo nivel profesional de los jueces y de los fiscales” que no mejora.
Herrera agregó que los procesos que deberían ser ágiles y apegarse a la norma y a la ley, básicamente “se están convirtiendo en procesos tortuosos y dentro de ese escenario hay abogados, hay fiscales, hay jueces y actores que probablemente están ganando”.
“La imagen que tenemos a nivel internacional sobre la administración de justicia es que somos uno de los países que más deuda tiene en el ámbito del derecho al acceso a la justicia, y penosamente los gobiernos no se inmutan en mejorar esa imagen por ejemplo formalizando los cargos de los jueces, y eso hace funcional a este servidor de justicia cuando hay instrucciones o condiciones políticas”.
Para la activista esta situación ha generado en la administración de justicia un “conglomerado casi delincuencial” muy rentable a costa de los litigantes, quienes deben costear, en detrimento de su economía, juicios excesivamente largos, donde hay actores “que no les interesa modificar la justicia porque es mucho más rentable cuando es dispersa, cuando no hay niveles de control efectivos, cuando hay intimidación política”.
De acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta enero de 2023 las personas privadas de libertad sumaban 24.913, de los cuales 8.553 (34.33%) contaban con sentencia y 16.360 (65.67%) con detención preventiva.
Los procesos tienen que ver principalmente con delitos violación de infante, niña, niño o adolescente (3.691); robo y robo agravado (3.319); narcotráfico (3.270); violación (2.237); abuso sexual (2.055); delitos con menor frecuencia como homicidio y lesión grave y gravísima, en accidente de tránsito, abigeato, tentativa de asesinato, tentativa de robo y hurto (1.839); violencia familiar (1.685) y asesinato (1.531).
El crecimiento de la población penitenciaria, agregó Quiroz, también se debe a los fallidos intentos de modernización de las políticas criminales, es decir, “todas las leyes que han salido hasta la fecha realizando modificaciones al Código Penal o al Código de Procedimiento Penal no han dado resultado”.
Herrera advirtió que la población está cansada con toda esta situación, que lastimosamente la está arrinconando “a una situación que puede generar escenarios diferentes no solamente de pronunciamientos o reclamos, sino que puede avanzar a situaciones que no queremos como hechos de rebeldía”.
