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La Iglesia altoperuana en 1825

Por: William Lofstrom

A continuación, transcribimos las páginas 131-132 del libro La presidencia de Sucre en Bolivia, escrito por William Lofstrom. Publicado en diciembre de 2017 por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, este libro contiene datos clave sobre cómo el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre persiguió muy duramente a la Iglesia Católica en este país.

Si la administración Sucre hubiese sido nada más que un ejercicio de transición política y reorganización gubernamental —como ha sido descrita en los capítulos precedentes—, habría quedado muy atrás de las ilustradas y liberales aspiraciones del movimiento de independencia latinoamericano. No fue ese el caso. De hecho, durante la administración Sucre, Bolivia estuvo a la vanguardia de la experimentación de reformas económicas y sociales que caracterizaron al primer período republicano. Se hizo un esfuerzo intensivo entre 1825 y 1828 para lograr la igualdad racial y social, la modernización de las estructuras económicas y la secularización y popularización de la escuela. Una parte importante de ese proceso de construcción de nación fue la revaluación del rol de las instituciones tradicionales, y en particular de la Iglesia, en una sociedad que experimentaba con ideas radicales de reforma.

La enorme, vasta y complicada institución que, por razones de simplicidad, ha sido llamada «la Iglesia», jugó un papel clave en la historia del Alto Perú colonial. Trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno desempeñó un rol decisivo en el desarrollo político, económico y cultural de la Audiencia de Charcas. Al finalizar el período colonial, el estatus de la Iglesia y su lugar en la sociedad habían sido plenamente definidos y santificados por la tradición. La Iglesia y el Gobierno eran, en muchos sentidos, inseparables. No se puede hablar de la Iglesia en la América española colonial sin antes mencionar el arreglo único que existía, en la forma del Patronato Real de Indias, entre el Vaticano y el monarca español[1]. La esencia del Patronato Real, tal como se aplicaba a las colonias españolas, era el derecho de la Corona de nombrar clérigos para ocupar los sitios vacantes, desde el arzobispo hasta el párroco más humilde.

Además del derecho de nominación, la Corona también se beneficiaba con derechos honorarios y utilitarios. El rey y sus representantes en América tenían precedencia en las ceremonias religiosas, se favorecían con plegarias especiales y podían ser enterrados en las catedrales. Más importante aún, el Gobierno real, como patrón y defensor de la Iglesia en América, recibía parte de los diezmos sobre la producción agrícola. En tiempos de carestía, la Corona tenía el derecho de apelar al clero en busca de ayuda económica, cosa que hizo con frecuencia. Como quiera que las jurisdicciones políticas y eclesiásticas se confundían, la Corona determinó los límites de las diócesis y arquidiócesis de manera que estuviesen de acuerdo con las divisiones políticas. La Corona controlaba tanto al clero regular como al secular. Determinaba qué clérigos irían a las colonias, a qué lugares serían asignados, y cuánto tiempo permanecerían allí. El rey decidía qué bulas se distribuirían y se aplicarían en América, en suma, «ejercía una autoridad que parecía pontificia»[2].

La Iglesia en el Alto Perú estaba lejos de ser una entidad monolítica. Mostraba conflictos de interés, diversidad de opiniones y propósitos, como cualquier otra institución de tamaño comparable. La jerarquía estaba compuesta, en su mayoría, por españoles peninsulares que se movían libre y confortablemente en los más altos círculos del Gobierno y que vivían en ambientes de lujo, lo que la distinguía mucho del clero local, cuyos orígenes, formación y medio, disminuían sus posibilidades. El clero regular —heredero de una orgullosa tradición misionera y dueño de grandes cantidades de propiedades y capitales— había disminuido en tamaño y en entusiasmo religioso a principios del siglo XIX. La diversidad y animosidad entre las diferentes órdenes era similar a las diferencias que separaban al clero regular y al secular. La Iglesia en el Alto Perú era tan corrupta como sus más venales sacerdotes y tan virtuosa como sus más angelicales curas.

La Iglesia era una institución social que regulaba la vida colonial, protegía a los huérfanos, educaba por lo menos a un segmento de la sociedad colonial, proveía de cultura a algunos, confortaba a muchos y daba un barniz de catolicismo a todos. Esa Iglesia era el monasterio, el misionero, el colegio, el seminario y la universidad; la Iglesia era el convento y asilo para las mujeres de todas las clases sociales, la hermandad religiosa, el deslumbramiento de misas y procesiones, y el hospital. La vida de uno empezaba y concluía en brazos de la Iglesia. Era igualmente importante como institución económica o, más bien, como sistema de instituciones económicas, con profundas raíces en la sociedad y con muchos intereses que defender. Debido a su tamaño y forma de gobierno, era lenta en sus deliberaciones, poco amiga de la innovación y sorda a las ideas radicales.

Referencias

[1] J. Floyd Mecham, Church and State in Latin America: a History of Politico-Ecclesiastical Relations (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1943), pp. 1-44, discute el patronato en España y las Américas, sus orígenes, cómo funcionó Y el debate sobre el patronato que se planteó con la independencia de las colonias españolas.

[2] Joaquín García Icazbalceta, Biografía de don Fr. Juan de Zumárraga (México D. F., 1861), p. 127, cit. en Mecham, p. 43.

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